Las fosas comunes
Restos de una de las catorce víctimas de la fosa de Priaranza del Bierzo
Elisenda Calvet. ¿Qué
ocurre con las más de 4.000 fosas comunes que hay en España?
Theconversation.com, 7/10/2021 (fragmentos)
Según datos extraídos del mapa de fosas creado por el Ministerio de Justicia en el 2011, actualmente dependiente del Ministerio de la Presidencia, están registradas 4.265 fosas y se han contabilizado un total de 57.911 víctimas. Se estima que hay alrededor de 100.000 personas desaparecidas. Del total de fosas registradas, 326 han sido exhumadas totalmente, 899 no están intervenidas, 496 han sido trasladadas al Valle de los Caídos y de 2.263 no se especifica su estado. Según estos datos, solamente el 8,4 % de las fosas registradas por el Estado han sido exhumadas totalmente.
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La mayoría de las personas represaliadas en territorio republicano fueron localizadas, exhumadas, identificadas y enterradas en sus lugares de origen después de la Guerra Civil en virtud de disposiciones legales dictadas en 1939.
En los años de la transición democrática se llevaron a cabo algunas exhumaciones sin rigor científico que se paralizaron con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. El miedo de los familiares hizo que las víctimas de la represión franquista no empezaran a ser exhumadas hasta bien entrada la democracia, siendo el punto de inflexión la apertura de la fosa de Priaranza del Bierzo en el 2000. A raíz de esta actuación se creó la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que daría lugar al inicio de un proceso asociativo en torno a la Memoria.
Desde entonces, la recuperación de los restos de las personas desaparecidas ha quedado principalmente en manos de los familiares de las víctimas, que han tenido que recurrir a las subvenciones del Estado (suspendidas entre 2011 y 2021) para realizar los trabajos de exhumación contando con la participación voluntaria de antropólogos y expertos. Además, el impulso de las exhumaciones de las fosas comunes a nivel regional depende del partido político en el poder, creando desigualdades para las víctimas en función de la región.
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Las víctimas y sus familias tienen el derecho imprescriptible a conocer la verdad acerca de las circunstancias en que se cometieron las violaciones y, en caso de fallecimiento o desaparición, acerca de la suerte que corrió la víctima. Además, el derecho a la verdad es de carácter colectivo y, por tanto, la sociedad en su conjunto tiene derecho a conocer las atrocidades ocurridas en el pasado para prevenir y garantizar que no se van a repetir en el futuro.