Curso de Especialista en Educación
para la Ciudadanía y Derechos Humanos

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Módulo 3.  El Reto de la Educación en Derechos Humanos en la Sociedad Actual

Tema 3.4. Los Derechos Humanos hoy
        

De los distintos motivos de preocupación de Amnistía Internacional, se adjunta a continuación información sobre los siguientes temas:

 - Violencia contra las mujeres

- Refugiados, desplazados internos y migrantes

- Pena de muerte

- Tortura

- Niņos y niņas soldado

- Presos de conciencia y libertad de expresión

En las páginas de Internet de la Organización se puede  ampliar la información, así como obtener la de aquellos temas no incluidos aquí.

 
La violencia contra las mujeres

 La violencia contra las mujeres es probablemente la violación de los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor número de personas.

Millones de mujeres y niņas en el mundo son víctimas de violencia por razón de su sexo. En la familia y en la comunidad, en tiempos de guerra y de paz, la violencia contra las mujeres es, además de la más extendida, la violación de derechos humanos más oculta e impune.

 La violencia contra las mujeres está presente en todas las sociedades del mundo, sea cual sea su sistema político o económico. No sabe de culturas, clases sociales ni etnias. Este escándalo cotidiano se manifiesta de diferentes maneras y tiene lugar en múltiples espacios, pero tiene una raíz única: la discriminación universal que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo.

 En todo el mundo, las mujeres se han organizado para poner al descubierto y combatir la violencia de género. Estos grupos de mujeres organizadas han logrado modificaciones en leyes, políticas y costumbres. Sin embargo, a pesar de estos importantes avances, en algunas zonas del mundo aún existen leyes y políticas abiertamente discriminatorias y en la práctica totalidad del planeta la discriminación “de hecho” sigue siendo una realidad.

 La legislación internacional responsabiliza a los Estados de las violaciones de derechos humanos cometidas tanto por agentes estatales como por particulares. Esta responsabilidad incluye prevenir, investigar y sancionar la violencia, así como reparar a las víctimas.

Las cifras siguientes son sólo la punta del iceberg. La violencia contra las mujeres está poco documentada porque muchas mujeres tienen miedo a denunciar y desconfían de la protección que las autoridades puedan ofrecerles.

- Una de cada tres mujeres en el planeta ha sufrido abusos en algún momento de su vida a manos de agentes del Estado, miembros de su propia familia o conocidos.
- La violencia en la familia es la primera causa de muerte y de minusvalía para muchas mujeres, por encima del cáncer y los accidentes de tráfico.
- Se calcula que hay 60 millones de niņas menos en el mundo a causa de los abortos selectivos y los infanticidios.
- En Estados Unidos el propio gobierno reconoce que la violencia en el ámbito familiar es la mayor amenaza para todas las mujeres, más que las violaciones, los atracos y los accidentes de tráfico juntos.
- El 70 por ciento de las mujeres asesinadas en el mundo lo son a manos de sus parejas o exparejas.
- La violencia en el ámbito familiar es la principal causa de muerte y discapacidad entre las mujeres de 16 a 44 aņos de edad.
- El otro genocidio de Rwanda: 500.000 mujeres violadas. De ellas, muchas contrajeron el SIDA y no tienen acceso a medicamentos.
- Más de 135 millones de niņas y mujeres han sido sometidas a mutilación genital femenina y otros dos millones más corren peligro de ser sometidas a esta práctica cada aņo.

- 82 millones de niņas que hoy tienen entre 10 y 17 aņos de edad contraerán matrimonio antes de cumplir los 18 aņos.

- A nivel mundial, más de la mitad de los nuevos casos de infección por VIH se están produciendo entre la gente joven de edades comprendidas entre los 15 y los 24 aņos, y más del 60% de los VIH positivos de esta edad son mujeres.

- El 80% de los refugiados son mujeres y niņos
- Se registra trato de mujeres y niņas en el 85% de las zonas en conflicto


Derechos de los refugiados, desplazados internos y migrantes

Los estados tienen derecho a controlar sus flujos migratorios pero ese control no se puede hacer a costa de los derechos humanos ni puede vulnerar los derechos de los solicitantes de asilo. Las leyes de extranjería deben reconocer los derechos fundamentales de los inmigrantes, independientemente de su situación administrativa. Especial preocupación suscitan las niņas y las mujeres refugiadas y desplazadas, más susceptibles de ser explotadas sexualmente.

Algunos datos:

- Se calcula que hay en torno a 175 millones de migrantes en el mundo, aproximadamente 2,8% de la población mundial.

- Hay alrededor de 10,6 millones de refugiados, un 0,17% de la población mundial.

- Aproximadamente hay 25,8 millones de desplazados internos, un 0,4% de la población mundial.

- En Asia y en áfrica se concentra la mayoría de las personas refugiadas (9,2 millones) y desplazadas internas (18,1 millones).


La Pena de Muerte

La pena de muerte es la forma más extrema de pena cruel, inhumana o degradante, constituye una violación del derecho a la vida, es irreversible y entraņa el riesgo de que se ejecute a inocentes. Además, no se ha demostrado que su uso tenga mayor efecto disuasorio frente a la delincuencia que otros castigos.

A diferencia de a otras violaciones de los derechos humanos, como por ejemplo la tortura, las ejecuciones extrajudiciales o las “desapariciones”, la pena de muerte no se oculta ni se niega; al contrario, forma parte de las leyes del país que la aplica.

La Pena de Muerte es la negación máxima de los derechos humanos porque viola el derecho fundamental a la vida proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En 1977, cuando Amnistía Internacional convocó una Conferencia Internacional sobre la Pena de Muerte en Estocolmo, sólo 16 países habían abolido la pena capital para todos los delitos. Hoy día (2006), ya hay 88 países abolicionistas para todos los delitos. Una vez abolida, la pena de muerte raramente se restablece.

Además de los 88 países abolicionistas, 11 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos salvo los excepcionales, como son los cometidos en tiempo de guerra, y 30 países son considerados como abolicionistas de hecho: mantienen en su legislación la pena de muerte pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos 10 aņos o más y se considera que tienen como norma de actuación o práctica establecida no llevar a efecto ninguna ejecución. Esto supone que un total de 129 países han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Sin embargo, 68 países y territorios mantienen y aplican la pena de muerte, aunque el número de los que realmente ejecutan a presos en un aņo determinado es mucho menor. De hecho, durante el aņo 2005, el 94% de las ejecuciones tuvieron lugar en únicamente 4 países: República Popular China (1.770 ejecuciones conocidas), Irán (94 ejecuciones conocidas), Arabia Saudí (86 ejecuciones conocidas) y Estados Unidos (60 ejecuciones)


Sala de ejecuciones

Pero incluso en los países en que ha sido abolida, no se puede olvidar que no es aceptable en ningún caso, especialmente cuando amenazas como atentados suicidas o casos de asesinatos brutales y mediáticos en ocasiones reabren el debate sobre la reintroducción de la pena de muerte.

En Espaņa, las últimas ejecuciones tuvieron lugar en septiembre de 1975. Tres militantes de ETA y dos del FRAP fueron fusilados, sin que ello significase un descenso de atentados terroristas. Con la constitución de 1978 quedó abolida la pena de muerte, excepto en los casos que la legislación militar establecía en tiempo de guerra. El Código Penal Militar preveía la pena de muerte como pena máxima para casos como traición, rebelión militar, espionaje, sabotaje o crímenes de guerra. En 1995, después de una larga campaņa de Amnistía Internacional, de acciones de distintas organizaciones sociales y de iniciativas individuales, con el acuerdo final de todos los partidos políticos, se abolió finalmente también la pena de muerte de la legislación militar.

La abolición de la pena de muerto en Espaņa no es absoluta, puesto que la Constitución Espaņola sigue diciendo, en el artículo 15, que queda abolida "excepto en aquellos casos que pudiera establecer el código de justicia militar en tiempo de guerra". Esto quiere decir que aunque la pena de muerte haya sido abolida de la ley militar en todos los casos, su reintroducción para determinados delitos en tiempos de guerra no sería inconstitucional. No obstante, plantear la reintroducción de la pena de muerto en el código militar para delitos cometidos en tiempos de guerra, a pesar de no violar el artículo 15 de la Constitución, iría en contra el Segundo Protocolo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, firmado por Espaņa.


 
La Tortura

A pesar de los acuerdos internacionales que la prohiben y pese a que los gobiernos niegan  que la utilicen, lo cierto es que la tortura es una práctica común y sistemática en muchos  países. La tortura ha sido muchas veces parte integrante de la estrategia de seguridad de un gobierno, un instrumento de la maquinaria estatal para eliminar a los disidentes. Actualmente, cada vez más, son los delincuentes comunes (o presuntos delincuentes comunes) las víctimas más frecuentes de torturas, aunque también hay que destacar el aumento del uso de la tortura en el marco de la guerra contra el terror

La tortura se utiliza para obtener información o una confesión, para castigar, para intimidar y para aterrorizar a las víctimas o a sus familiares. Sea cual sea su propósito inmediato, la tortura degrada a las víctimas y deshumaniza al torturador. Son víctimas de la tortura miembros de todas las clases sociales, grupos, edades y profesiones. En algunos países, incluso los niņos han sido torturados u obligados a presenciar la tortura de sus padres.

La vida de quien ha sido torturado cambia por completo. El sentimiento de rabia ante la humillación sufrida, suele dejar mayores secuelas que el dolor físico en sí, ya que las consecuencias psicológicas pueden durar toda la vida e ir aumentando con los aņos.


Niņos y niņas soldado

Los conflictos actuales han generado el desplazamiento de civiles más dramático de la  historia. Los niņos y niņas se ven atrapados dentro de estos desplazamientos y a menudo son abandonados. Separados de sus familias y comunidades, y privados de un medio de subsistencia, se convierten en un blanco fácil para los reclutadores. En general, a los menores se les secuestra en la calle o se les saca de sus centros de estudio, campos de refugiados o campos de desplazados internos. A otros muchos se les obliga a salir de sus casas a punta de pistola. A otros se les recluta cuando juegan cerca de su casa o cuando caminan por carreteras o caminos. Una vez reclutados, se les suele enviar a campos de entrenamiento junto a los adultos reclutas para que reciban formación y adoctrinamiento militar.

 Los niņos soldado quedan marcados de por vida. Insensibilizados y profundamente traumatizados por las experiencias que han tenido, a muchos les siguen asediando los recuerdos de los abusos que presenciaron o que les obligaron a cometer.

Tras varias semanas de entrenamiento, se les despliega en las líneas de combate. Allí se les  obliga a servir como seņuelos, como detectores de la posición enemiga, como guardaespaldas de sus comandantes o como esclavos sexuales. A menudo, también se utiliza a niņos y niņas como porteadores de la munición, el agua o los alimentos, y como cocineros. También se les obliga a cometer graves abusos, entre ellos violaciones y asesinatos, contra civiles y soldados enemigos. A menudo se les administran drogas y alcohol para hacerlos insensibles a las emociones cuando cometen estos crímenes.

Niņo Soldado en Sierra Leone

En el caso de las niņas soldado, además de la brutalidad y el trauma derivados de la violación en sí, las agresiones sexuales pueden producirles lesiones físicas graves y embarazos forzados, así como contagio de VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. A veces se consiguen reintegrar en su comunidad pero en muchos casos, la falta de  alternativas de los ex combatientes los ha devuelto rápidamente al conflicto armado o a caer en la  prostitución, los delitos menores, el alcohol o las drogas, en una nueva búsqueda de protección y sustento. Muchas niņas soldado que han quedado embarazadas son rechazadas por la sociedad y su propia familia.

Presos de conciencia y libertad de expresión

Desde sus inicios, Amnistía Internacional trabaja por la libertad incondicional e inmediata de los presos de conciencia: toda persona encarcelada o sometida a otras restricciones físicas por sus convicciones políticas, religiosas o cualquier otro motivo de conciencia, así como por su origen étnico, sexo, color, idioma, origen nacional o social, situación económica, nacimiento, orientación sexual u otras circunstancias, siempre que esa persona no haya recurrido a la violencia ni propugnado su uso.

No se sabe con certeza cuántos presos de conciencia hay en el mundo. Están en manos de gobiernos por todo el mundo, en países con diferentes sistemas políticos y sociales. Lo que sí es seguro es que, por cada caso que se sabe, por cada caso que llega a convertirse en noticia, hay muchos más casos desconocidos.

Asimismo, Amnistía Internacional pide juicios justos para todos los presos políticos y denuncia a los gobiernos que ponen en riesgo la libertad de expresión y actúa a favor de quienes han sido víctimas por ejercer ese derecho.

Profesionales de la comunicación, estudiantes, escritores, artistas y manifestantes de muchos países sufren abusos contra la libertad de expresión. Miles de personas de todo el mundo son hostigadas, acosadas, víctimas de torturas o malos tratos, e incluso “desaparecidas” y asesinadas por expresarse de acuerdo a su conciencia o por investigar y dar a conocer información que incomoda a gobiernos o grupos armados.

El periodismo es una profesión, no un delito y la libertad de expresión es una de las herramientas de defensa del resto de derechos humanos

Cuando los periodistas y los profesionales de la comunicación son silenciados, ellos no son las únicas víctimas de las leyes y las prácticas represivas; también lo son todas las personas que se ven privadas de su derecho a la información.


Módulo 4. Tema 4.1. La Educación en Derechos Humanos


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