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Un nuevo informe de Amnistía Internacional revela que España no ha cumplido con las recomendaciones de las Naciones Unidas en materia de educación en derechos humanos

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Madrid.- Al presentar hoy el informe "Educación en derechos humanos: Asignatura suspensa" Amnistía Internacional (AI) denuncia que la formación de los profesionales de la enseñanza no contempla como correspondería la educación en derechos humanos. El estudio recoge por una parte, los resultados de las encuestas realizadas a profesores y alumnos de 20 universidades así como el estudio de los planes curriculares de primaria, de los cursos 2000/2001 y 2001/2002 de 47 centros universitarios del territorio español.

Partiendo de que la educación tendrá por objetivo el fortalecimiento del respeto a los derechos y libertades fundamentales tal y como expresa la Declaración Universal Derechos Humanos, AI ha estudiado la situación en la que se encuentra la educación en derechos humanos, en la formación de los profesionales de la enseñanza de las facultades de Pedagogía y escuelas universitarias de Magisterio.

La organización ha  investigado los planes de estudio de dichos centros educativos evaluando los conocimientos que sobre derechos humanos poseen profesores y alumnos, la calidad de los recursos desarrollados para impartir esta materia así como el grado de interés  por la educación en derechos humanos.

El marco referencial que fundamenta la investigación lo componen las directrices del "Decenio 1995-2004 de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos" y las normativas de carácter internacional en la materia. También se ha tenido en cuenta la Constitución Española, la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.

La investigación realizada por AI advierte que el Estado español no ha creado los mecanismos indispensables para dar cumplimiento a los objetivos del Decenio 1995-2004 de las Naciones Unidas para la educación en la esfera de los derechos humanos.

De los resultados de la investigación se derivan las siguientes conclusiones:

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El alumnado de las facultades de Pedagogía, Ciencias de la Educación y de las escuelas de Magisterio no se siente preparado para educar en derechos humanos. La educación en derechos humanos no figura como asignatura en los planes de estudio. Si bien existen asignaturas que pueden estar relacionadas con aspectos específicos de los derechos humanos, la mayor parte de estas asignaturas son de carácter optativo y no están implantadas en todos los centros académicos.

El alumnado de Pedagogía y de Magisterio no conoce suficientemente las principales normas internacionales relacionadas con los derechos humanos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración sobre los Derechos del Niño. La mayoría del profesorado no conoce las normas y guías para la acción que afectan a los profesionales de la educación.

El profesorado de las facultades de Pedagogía y Ciencias de la Educación, así como el de las escuelas de Magisterio, opina que el alumnado no sale preparado para educar en derechos humanos y apoya la creación de asignaturas en este campo. Los profesionales de la enseñanza respaldan que se aumente el número de asignaturas y actividades que tengan que ver con esta materia, donde se trate de forma significativa el racismo, los derechos del niño, la igualdad entre los sexos, el derecho a la educación, sin descartar la inclusión de otros derechos.

Tanto desde el Estado como desde las Comunidades Autónomas no se ha cumplido con las recomendaciones del Decenio de las Naciones Unidas para la Educación en la Esfera de los Derechos Humanos (1995-2004): creación de Planes nacionales y/o autonómicos de acción, y dentro de éstos, la creación de un Comité Estatal y/o Comités Autonómicos para la educación en la esfera de los derechos humanos, elaboración de materiales y colaboración con ONG.

Si se compara la política seguida en esta materia por el Estado español con las medidas tomadas por otros gobiernos europeos, el Gobierno español queda muy rezagado con respecto a su puesta en práctica. También hay que lamentar que el Gobierno español haya mostrado una falta absoluta de colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas al no responder a sus requerimientos de información sobre puesta en práctica de las recomendaciones del Decenio.

 

Recomendaciones de Amnistía Internacional

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AI considera que la educación en la esfera de los derechos humanos es una responsabilidad del Estado español en la que deben estar involucradas tanto las autoridades universitarias como profesores y alumnos. AI exige la inmediata puesta en marcha de las siguientes recomendaciones por parte de las autoridades gubernamentales y universitarias:

Cumplimiento de las directrices del Decenio de las Naciones Unidas para la      educación en la esfera de los derechos humanos.

Elaboración de un Plan de Acción Estatal, y/o bien por parte de las Comunidades Autónomas con una adecuada dotación de recursos.

Creación de un Comité Estatal y Comités Autonómicos para evaluar las necesidades y formular estrategias en educación en derechos humanos.

Inclusión de directrices para los planes de estudios de materias relacionadas con la educación en derechos humanos

Amnistía Internacional cree firmemente que la educación en derechos humanos es fundamental; el Estado español tiene el deber de crear los mecanismos indispensables para dar cumplimiento a los objetivos del Decenio de Naciones Unidas, así como rendir cuentas de sus actuaciones en esta materia.