Desde 1973 ha habido 96 condenados que han salido de los corredores de la muerte de 22 estados. El español José Joaquín Martínez, liberado hace un mes, ha sido uno de los últimos. La opinión de O'Connor es la más importante de las que se han incorporado al debate sobre la pena de muerte porque ocupa un puesto clave en el Tribunal Supremo.

Su voto suele el ser el decisivo en las cuestiones sobre la pena de muerte. Ella es uno de los nueve jueces del alto tribunal, entre los que se cuentan cuatro conservadores -Rehnquist, Scalia, Thomas y Kennedy- que defienden la pena de muerte a capa y espada, mientras que hay otros cuatro progresistas -Stevens, Souter, Breyers y Bader Ginsburg-, a quienes les gustaría aplicar una moratoria a las ejecuciones mientras se revisa a fondo el sistema, como ha ordenado el gobernador de Illinois.

Durante los 20 años que lleva en el Supremo, O'Connor ha sido una firme defensora de la pena de muerte. Opina que es un asunto de competencia exclusiva de los estados, está a favor de que los asesinos menores de edad puedan ser ejecutados y hace un par de años amonestó a los estados por permitir a los condenados muchos recursos innecesarios, que, según su opinión, elevan el coste del proceso sin hacer ningún bien a la justicia porque sólo sirven para retrasar las ejecuciones.Ahora, sin embargo, afirma que hay problemas muy serios con las sentencias a muerte. A las abogadas de Minnesota les dijo que los acusados con un abogado de oficio tienen un 28% más de posibilidades de ser condenados y un 44% de que el castigo sea la pena máxima. "Quizá ha llegado la hora de exigir un nivel mínimo a los abogados que tratan casos de pena de muerte", manifestó.

Esta opinión, precisamente, es el núcleo de una ley que debate el Senado para proteger a los inocentes. Además de fijar unas condiciones mínimas para los abogados defensores en los casos de pena de muerte, obligará a los estados a realizar pruebas de ADN a todos los acusados.

O'Connor destacó que muchos estados no tienen leyes que protejan a los inocentes y su discurso de Minnesota no es otra cosa que un tirón de orejas a estos estados, con la advertencia de que si no reforman el sistema, el Tribunal Supremo lo hará por ellos.

La reforma podría iniciarse en otoño, cuando el Alto Tribunal vea tres casos fundamentales sobre la pena de muerte. Uno es sobre la ejecución de deficientes mentales, otro sobre la calidad de los defensores -un condenado de Virginia asegura que su abogado había trabajado para la víctima- y el tercero aborda la cuestión de si los jurados deben saber que una alternativa a la pena de muerte puede ser la cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. De hecho, la mitad de los estadounidenses prefieren la cadena perpetua para los asesinos en lugar de la pena de muerte, que cuenta con el apoyo de más del 60% de la población. Desde que se reinstauró, sin embargo, no había habido tantos norteamericanos contra ella.

Los avances científicos con las pruebas de ADN, los escándalos sobre la pobre representación de muchos acusados y la presión internacional en contra de la pena de muerte empiezan a tener efecto. El presidente Bush, durante su último viaje a Europa, pudo ver las manifestaciones de protesta. Nueve altos diplomáticos norteamericanos le pidieron, expresamente, que se oponga a la ejecución de los deficientes mentales. Le dijeron que la pena de muerte es un punto de fricción constante con los aliados europeos.

El cambio de opinión de la juez Sandra Day O'Connor puede abrir la puerta a esta abolición. A las abogadas de Minnesota -uno de los 18 estados sin pena de muerte- les dijo que "cada día debéis respirar aliviadas" por no tener que vivir las dudas que genera un sistema con muchas brechas.

El Consejo de Europa, precisamente, expulsará al observador norteamericano si Washington no hace progresos significativos para abolir la pena de muerte en el 2003.