Un informe minucioso de 92 páginas ha cerrado la primera puerta a la regulación de la maternidad subrogada, también conocida como «vientres de alquiler» y en el que una mujer gesta al hijo de otros. El Comité de Bioética de España, un organismo consultivo del Ministerio de Sanidad, cree por unanimidad que «existen sólidas razones» para rechazarla. «El deseo de una persona de tener un hijo, por muy noble que sea, no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas. Todo contrato de gestación por sustitución entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor; por tanto, no puede aceptarse por principio», asegura en sus conclusiones.

La propuesta no se limita a rechazar su regulación en España. También se insta al Gobierno español a promover una alianza internacional para prohibir la gestación subrogada en el mundo. Y mientras este llamamiento se fragua, se plantea multar a las agencias que hacen negocio con esta práctica, poniendo en contacto a ciudadanos españoles con mujeres de otros países donde sí está permitida esta práctica. Se trata solo de una recomendación de un organismo independiente que Sanidad no está obligada a asumir, aunque la ministra Dolors Montserrat había manifestado su interés por conocer la opinión del Comité de Bioética de España en una cuestión tan delicada como la gestación subrogada.

Con su propuesta, este órgano asesor intenta resolver la paradoja que se vive en nuestro país: aunque nuestra legislación no permite esta práctica, si un español concibe un niño por gestación subrogada en Ucrania, India, Rusia o en cualquier otro país donde sea legal, al regresar a España puede inscribir a su hijo en el Registro Civil. Se comete un fraude de ley y, se legaliza, por la puerta falsa el procedimiento.

La Ley de Reproducción Asistida tampoco prohíbe expresamente los contratos de gestación subrogada, solo indica que son nulos, por lo que no existe ningún tipo de sanción para quienes lo firman. El Comité de Bioética por eso propone que se sancione a las agencias que se dedican a esta actividad. «Solo en el caso de que estas medidas resultaran insuficientes se debería considerar la posibilidad de recurrir a otras medidas legales para reforzar su cumplimiento», indican.

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