Las ejecuciones documentadas se corresponden con el período que va de julio de 2002 a junio de 2007, precisó el Instituto Popular de Capacitación (IPC), vinculado con la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU), que reúne a ONG de investigación en Derechos Humanos.

El IPC advirtió de que la cifra de este período contrasta con la del lustro de julio de 1997 a junio de 2002, cuando los casos de ejecuciones fueron 577.

"A las 955 ejecuciones extrajudiciales se les suman las 235 desapariciones forzadas por acción directa de agentes estatales" en el último lustro, agregó el IPC en un comunicado divulgado desde su sede en Medellín.

La ONG dijo que el estudio fue realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la CCEEU, que lo presentará de manera pública el próximo 10 de octubre en actos simultáneos en Bogotá y Washington.

La presentación en la capital colombiana estará a cargo de especialistas de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, destacó el IPC.

Son expertos en derecho, antropología, política y relaciones internacionales que realizan desde el pasado 3 de octubre una misión de observación sobre ejecuciones extrajudiciales, con "tareas de campo" en diversas regiones.

En Washington, el estudio será expuesto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, añadió el IPC, y explicó que con ambas acciones se busca llamar la atención del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, sumarias o arbitrarias para que siga la situación colombiana.

Según el IPC, las cifras sobre ejecuciones "confrontan la llamada seguridad democrática que impulsa el actual gobierno nacional (del presidente Álvaro Uribe) y niegan que sea una política de derechos humanos encaminada a la protección de la población civil".