Indivisibilidad y Universalidad de los Derechos Humanos
éste es el núcleo de la DUDH. Y, el principio de los derechos humanos
al reiterarnos que todos los derechos humanos deben ser disfrutados por
todas las personas.
El redactado de su Preámbulo nos permite pensar así ya que nos habla de
la dignidad como "intrínseca" y de los derechos como "iguales e
inalienables de todos los miembros de la familia humana". Asimismo,
cuando leemos su Artículo 1 vemos en él como se proclama que: "Todos
los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos". Y por
último, es el redactado del artículo 2 el que se muestra más específico
en este aspecto: "Toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna".
Por si nos cupiera alguna duda leyendo atentamente la DUDH observamos
que ésta engloba las diversas clases de derechos humanos —civiles,
culturales, económicos, políticos y sociales—,como un conjunto de
derechos indivisible y universal. De esa forma consagra el principio de
que los derechos humanos están relacionados entre sí, son
interdependientes y se refuerzan mutuamente. Y reconoce que estar libre
del temor y de la miseria son dos necesidades del ser humano
inextricablemente unidas.
Sin embargo, la división geopolítica mundial durante los aņos de la
Guerra Fría propició una separación artificial de los derechos en dos
grupos. Los dos tratados más importantes sobre derechos humanos que
emanaron de la Declaración reflejan esta escisión: el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) y
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Con
todo, ambos afirman la indivisibilidad de los derechos que proclaman:
"No puede realizarse el ideal del ser humano libre, en el disfrute de
las libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la
miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona
gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como de sus derechos
económicos, sociales y culturales".
En la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos
celebrada en Viena en 1993, 171 gobiernos aprobaron por consenso una
declaración que afirmaba lo siguiente:
"Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e
interdependientes y están relacionados entre sí. [...] Debe tenerse en
cuenta la importancia de las particularidades nacionales y regionales,
así como de los diversos patrimonios históricos, culturales y
religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuáles fueren sus
sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger
todos los derechos humanos y las libertades fundamentales".
Esta aseveración se ha repetido en otras declaraciones emblemáticas de
la comunidad internacional, como las surgidas de la Cumbre Mundial
sobre Desarrollo Social de la ONU, celebrada en Copenhague en
1994, y de la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre
la Mujer, celebrada en Pekín en 1995.
No obstante la universalidad de los derechos humanos está siendo cada
vez más cuestionada por gobiernos y otras entidades que consideran que
deben tener preferencia la cultura y la tradición locales.
Quienes ponen en entredicho la universalidad afirman que, los derechos
humanos, al menos tal como están formulados en las normas
internacionales vigentes, surgieron de una tradición liberal
occidental, son un instrumento de dominación e imperialismo cultural
occidental dentro de un orden mundial político y económico injusto.
En Asia, por ejemplo, varios gobiernos argumentan que las normas
internacionales de derechos humanos se basan ante todo en conceptos
occidentales y son incompatibles con las sociedades asiáticas porque se
refieren a derechos individuales.
Algunos gobiernos africanos aseguran que en las sociedades africanas
los derechos humanos están para garantizar el bien de la sociedad en su
conjunto y que sólo es posible salvaguardar los derechos de los
individuos protegiendo a la comunidad.
También plantean objeciones a la universalidad de los derechos humanos
ciertos Estados que afirman que su forma de gobierno está basada en la
fe islámica. Basándose en las sagradas escrituras del islám se ha
pretendido justificar la discriminación sistemática de las mujeres en
países como Afganistán, la persecución de fieles de otras religiones en
países como Pakistán, y sanciones judiciales como los azotes o la
amputación de miembros en países como Arabia Saudí.
En Occidente, numerosos gobiernos se burlan en la práctica del
principio de universalidad. Estados Unidos, por ejemplo, se muestra
reticente a que los tratados internacionales de derechos humanos que
engloban tales principios tengan carácter vinculante. Es prácticamente
el único país pendiente de firmar la Convención sobre los Derechos del
Niņo, y uno de los pocos que no ha ratificado la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Y
cuando ha ratificado instrumentos internacionales de derechos humanos,
por lo general ha introducido reservas importantes, negándose a aceptar
el carácter obligatorio de muchos de sus preceptos.
En el plano nacional, no todos los ciudadanos reciben igual trato, ni
siquiera en aquellos Estados que proclaman con orgullo su compromiso
con los derechos humanos. En muchos países occidentales, delincuentes y
marginados sociales son retratados con creciente insistencia como
elementos infrahumanos como pretexto para privarlos de sus derechos
humanos fundamentales. Los refugiados, que huyen de la persecución, son
castigados como si en realidad fueran en busca de un beneficio
económico ilícito, y en consecuencia se les niega el derecho a
solicitar asilo.
En muchos aspectos, las objeciones a la indivisibilidad de los derechos
son un fiel reflejo de los reparos culturales al concepto de
universalidad que ya hemos explicado antes. Lo cual demuestra que, en
último extremo, la oposición a la legitimidad de los derechos humanos
tiene que ver con el poder político y económico, no sobre los valores
culturales o religiosos. También pone de relieve el carácter intrínseco
del vínculo entre la universalidad y la indivisibilidad de los derechos
humanos. Los pueblos no pueden mejorar sus derechos económicos,
sociales y culturales sin cierto grado de espacio y libertad políticos.
El desarrollo económico y social casi nunca beneficia en la práctica a
los más pobres y desamparados, a no ser que se permita a estos grupos
participar plenamente en su sociedad y exigir responsabilidades a su
gobierno ejerciendo libremente sus libertades políticas y civiles. Y si
se margina a las personas por su pobreza o su condición social, no
pueden ejercer sus derechos políticos ni salvaguardar sus libertades
civiles.
El artículo 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por
ejemplo, garantiza que todas las personas "son iguales ante la ley y
tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley",
principio consagrado en constituciones y ordenamientos jurídicos de
todo el mundo. Pero este derecho civil y político fundamental queda en
entredicho cuando se deniegan derechos económicos y sociales,
volviéndose el régimen jurídico en contra de los grupos pobres y
socialmente marginados.
En la India, las rígidas jerarquías sociales a menudo exacerban la
desigualdad económica, y las castas inferiores (dalit) padecen una
situación endémica de discriminación y retraso. Tienen restringido el
acceso a la educación, viven en zonas apartadas, desempeņan trabajos
mal pagados y socialmente estigmatizados, y componen una abrumadora
mayoría de trabajadores cautivos despojados de sus tierras.
Del mismo modo que el retraso económico y social impide a las personas
ejercer íntegramente sus derechos civiles y políticos, la represión
política les impide defender y mejorar sus intereses económicos y
sociales, o los de su comunidad.
En Indonesia, por ejemplo, el interés de la clase política y económica
dirigente en reducir los salarios para mantener la competitividad
industrial ha llevado a una presión constante sobre el activismo
laboral independiente y la acción de los sindicatos. únicamente la
federación sindical financiada por el gobierno cuenta con el
reconocimiento oficial; los miembros de los sindicatos independientes
están expuestos a la violencia, la intimidación y el arresto.
Gobiernos de todo el mundo pretenden justificar semejantes violaciones
en nombre del desarrollo y la competitividad económica. Niegan la
indivisibilidad de los derechos humanos y aseguran que, si se ocupan
primero de los derechos económicos, otros derechos les sucederán sin
duda. Pero el crecimiento económico no se traduce necesariamente en un
verdadero desarrollo humano. El desarrollo es un proceso que afecta al
lugar de los individuos en la sociedad civil, a su seguridad y a su
capacidad para determinar y alcanzar su verdadero potencial. Consiste
en hacer realidad los derechos humanos, todos los derechos humanos. Tal
como se afirmó en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social de las
Naciones Unidas, celebrada en Copenhague en 1995: "A fin de promover el
desarrollo, debería prestarse la misma atención y consideración urgente
al cumplimiento, la promoción y la protección de los derechos civiles,
políticos, económicos, sociales y culturales". La Declaración de la ONU
sobre el Derecho al Desarrollo afirma que "la persona es el elemento
central del proceso de desarrollo" y que el propósito del desarrollo es
"la mejora constante de la situación de toda la población y de todos
los individuos, en función de su participación activa, libre y
significativa".
