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España: La formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad sigue siendo marginal

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Amnistía Internacional ha presentado hoy el informe "España: La formación en derechos humanos de las fuerzas de seguridad sigue siendo marginal", una actualización del análisis realizado por la organización sobre esta materia en 2001 y cuyos resultados son preocupantes.

"La formación que reciben los agentes de Policía Nacional y los miembros de la Guardia Civil, especialmente durante su ingreso al cuerpo, es claramente insuficiente, con una carga lectiva residual que prácticamente invisibiliza los derechos humanos, cuando estos deben enseñarse como parte intrínseca del papel y las funciones de las fuerzas de seguridad, no como algo suplementario y opcional. Deben formar parte de toda la formación inicial de los nuevos agentes, pero también de la formación que reciben a lo largo de su vida profesional", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.

Los aspirantes a Policía Nacional y Guardia Civil, y los propios profesionales, no reciben una visión general ni una actualización sobre la situación de los derechos humanos en España, ni se les proporciona información sobre las recomendaciones de obligatorio cumplimiento al Estado español por parte de organismos internacionales –como el Comité contra la Tortura o el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y que podrían contribuir también a situar el contexto de derechos humanos en el que las fuerzas de seguridad tendrán que actuar.

No existe ningún procedimiento que permita detectar a alumnos o alumnas con valores o actitudes contrarias a los derechos humanos y que deberían imposibilitarles para llevar a cabo su labor.

La formación que reciben no hace referencia a la situación actual de los derechos humanos, ni al contexto de acogida de inmigración, ni al aumento de la diversidad cultural en la sociedad española ni al problema de discriminación que desde hace décadas sufren las personas de etnia gitana.

Todo ello, además, se produce mientras Amnistía Internacional sigue recibiendo denuncias y documentando año tras año violaciones de derechos humanos por parte de algunos miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

En cuanto a aspectos positivos, cabe destacar que ambas instituciones han mejorado los contenidos y la formación sobre la limitación del uso de la fuerza y sobre violencia de género.

Falta de voluntad política

El Ministerio del Interior, responsable en última instancia de la formación que reciben los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, muestra una falta de voluntad política para situar el respeto y la defensa de los derechos humanos como núcleo de la formación que reciben quienes se encargan de mantener el orden y aplicar la ley.

Esto se produce a pesar de lo que establecen los principios básicos de actuación de la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que se refieren en repetidas ocasiones a los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Española, que conllevan implícitamente la necesidad de garantizar una buena formación en materia de derechos humanos a quienes integran los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, y lo que marca el Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado por el Gobierno en 2008.

Amnistía Internacional se ha reunido con interlocutores del Ministerio del Interior y lamenta la indiferencia con la que han reaccionado a las conclusiones y recomendaciones que la organización presenta en este informe. No han hecho comentarios y tampoco han atendido explícitamente ninguna de sus recomendaciones.

La organización quiere impulsar un debate primero y la toma de decisiones después sobre la necesidad de incrementar de forma significativa, en cantidad y en calidad, la formación en derechos humanos que reciben las fuerzas de seguridad en España, y con ello hacer más fácil y efectiva su tarea cotidiana, vital para la defensa del Estado de derecho y los derechos humanos.

Principales recomendaciones de Amnistía Internacional

Este Informe va dirigido especialmente al Gobierno, a través del Ministerio del Interior para que revise la normativa reguladora de los procesos de selección y formación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, con las siguientes orientaciones:

• Incorporando una mayor carga lectiva de la enseñanza específica de derechos humanos en la formación de ingreso a ambas instituciones.
• Asegurando la transversalidad de los derechos humanos a lo largo de los temarios completos de la formación impartida para el ingreso a ambas instituciones.
• Incluyendo procedimientos efectivos para asegurar que queda exluido el alumnado con actitudes o valores contrarios a los derechos humanos.
• Garantizando que se incorporan las recomendaciones del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia a los procesos de formación de las Fuerzas de Seguridad.

Además, la organización también se ha dirigido a la Policía Nacional y a la Guardia Civil, para que proporcionen al alumnado una visión de la situación de los derechos humanos en España, a partir de la información de organismos internacionales (incluyendo las recomendaciones que se hacen al Estado español) y de organizaciones no gubernamentales; y que amplíen significativamente la formación impartida en materia de racismo y xenofobia, y profundicen en el estudio de las cuestiones de extranjería, inmigración, asilo y refugio desde una perspectiva de derechos humanos.

A la Guardia Civil en particular, se le pide que revise en profundidad la metodología empleada para la formación, en particular la de ingreso, con vistas a reorientarla hacia la interiorización de valores y actitudes, y a combinar la enseñanza práctica con la teórica en materia de formación en derechos humanos.

Contexto internacional

Amnistía Internacional basa su informe en la normativa internacional, conjunto de normas, principios y códigos de conducta internacionales de derechos humanos que debe aplicar España en relación con la actuación de las fuerzas de seguridad. Este conjunto de normas abarca desde el Código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas, a las manifestaciones realizadas a este respecto por el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos.

La normativa internacional señala cómo debe ser la formación de los cuerpos de seguridad: "Debe partir de un análisis de la situación de los derechos humanos; debe tener una orientación práctica, que permita conectar con el día a día de los agentes las normas y principios de los derechos humanos, y debe estar adaptada al contexto local; los derechos humanos deben estar integrados en toda la formación; debe ser evaluada y revisada; y debe contar con la participación de actores externos".