La compañía estadounidense ha distribuido medicinas que han mejorado la vida de millones de personas, pero también ha intentado poner sus beneficios por delante de la salud pública

"Lo que los hechos y la información disponible hasta el momento nos enseñan es que no se puede confiar en que la industria farmacéutica actúe en interés de la salud pública, incluso en estos tiempos sin precedentes". Así habló este miércoles la asesora de Políticas de la Campaña de Acceso de Médicos sin Fronteras, Roz Scourse, con motivo de la noticia de la semana: la gigante farmacéutica Pfizer está desarrollando una vacuna cuyos resultados preliminares son muy esperanzadores. La organización pidió que los Gobiernos exijan "transparencia" a las empresas en los acuerdos de licencia del producto.

Una vez más, las compañías privadas están gestionando una solución de la que depende la vida de miles de personas: y la hemeroteca muestra que, en muchas ocasiones, los intereses del mercado se ponen por delante de los intereses de la gente. La estadounidense Pfizer, una de las cinco denominadas big pharma, ha ideado y comercializado medicinas y remedios que han curado o paliado los síntomas de millones en todo el mundo. También ha sido acusada de opacidad, de subir los precios de los fármacos indiscriminadamente, de maniobrar contra la competencia, de sobornos, de evitar comprobar los efectos secundarios de un producto exitoso, e incluso de conspirar en Nigeria para parar un juicio en su contra por la muerte de varios niños con los que se ensayó un tratamiento contra la meningitis. No es la única: el sector acumula multas y demandas en todo el globo por sus prácticas. El mismo que, en teoría, nos librará del covid-19.

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Como toda empresa privada, Pfizer busca su beneficio. Hasta aquí ninguna sorpresa. Pero los métodos para conseguir amasar dinero han sido cuestionados, denunciados y llevados ante la justicia en numerosas ocasiones por atentar no solo contra las normas del mercado, también contra la salud pública. En 2010, las filtraciones de Wikileaks sacaron a la luz que la farmacéutica había conspirado en Nigeria para evitar un juicio por la muerte de once niños y las secuelas de un centenar en un ensayo con una medicina que trata la meningitis. El fármaco, llamado Trovan, fue suministrado a 200 pequeños en 1996. Muchos sufrieron complicaciones graves y varios perdieron la vida. The Washington Post, uno de los periódicos que más ha investigado a la empresa, desveló que la compañía se había saltado todas las consideraciones éticas: los habían usado de cobayas. El pueblo nigeriano salió a la calle y el Fiscal General, Michael Aoandakaa, se puso manos a la obra.

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Los efectos secundarios de los remedios que Pfizer pone a la venta también han sido objeto de polémica. En ocasiones, la compañía ha sido consciente de las contraindicaciones, muchas de ellas graves, pero han presionado, maniobrado y sobornado a profesionales de la medicina para aumentar sus márgenes de beneficio. Champix, el medicamento para dejar de fumar que el sistema público de salud español financia a partir del pasado 1 de enero, ha sido vinculado con un aumento de las ideas de suicidio. Un forense australiano dictaminó en 2017 que el fármaco había contribuido a la decisión de Timothy John, un joven de 22 años que se quitó la vida tras ocho días consumiendo el medicamento. En Estados Unidos, la empresa indemnizó a 2.700 denunciantes con 273 millones de dólares y fue obligada a poner en grande en el empaquetado los posibles riesgos de su consumo.

El pago de multas e indemnizaciones para arreglar los asuntos legales en los que se ve envuelta es una práctica habitual para Pfizer. En 2009, acordó pagar 2.300 millones de dólares para evitar otro juicio sobre una red de sobornos que la empresa desplegó para que los médicos recetaran cuatro medicamentos: el antiinflamatorio Bextra, que fue retirado del mercado en el 2005 por preocupaciones sobre su seguridad, el tratamiento para la esquizofrenia Geodon, el antibiótico Zyvox y el analgésico Lyrica. En 2012 se repitió la historia: otro acuerdo extrajudicial, esta vez por menos dinero (60 millones) por sobornos a profesionales médicos, funcionarios y reguladores en Rusia, Bulgaria, Croacia, Kazajistán, Serbia, República Checa, China e Italia. Y en 2015, Pfizer despidió a 30 de sus empleados en España tras la denuncia de un extrabajador, que aseguró que los directivos intentaban captar voluntades y fomentar el uso de un fármaco con argumentos más allá de los estrictamente científicos.

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