Han pasado decenas de años encerrados en leproserías públicas que recuerdan las de tiempos medievales. Hasta 1996, mucho después de que se utilizaran en todo el mundo métodos sanitarios convencionales, la Administración sanitaria japonesa los mantuvo separados de sus familias y del resto del mundo, como en la cárcel. Son ya ancianos, con una media de 74 años, y ayer fue el día más feliz de su durísima vida. 'A partir de ahora podremos andar orgullosos por las calles. Ha quedado reconocido que nosotros también somos seres humanos', comentó uno de ellos.

El motivo de su felicidad es que, tras una sentencia favorable del día 11 de este mes, el primer ministro japonés, Junichiro Koizumi, les comunicó ayer que no iba a apelar la sentencia judicial del tribunal de Kumamoto (en el sur del país) que obliga al Gobierno a indemnizar con el equivalente a 2.857 millones de pesetas a 127 antiguos enfermos. Era la primera sentencia de varias que se van a producir en los próximos meses.

Koizumi también pidió perdón a las víctimas y aseguró que se destinarán dotaciones especiales a los enfermos de lepra actuales. 'Si el Gobierno hubiera apelado', manifestó Kazumi Sagano, uno de los enfermos que malvivió en leproserías, 'habría sido como si nos hubiera matado'.

La Ley de Prevención de la Lepra promulgada en 1953 obligaba a que los afectados por la bacteria, incluidos los niños de más de siete años, abandonaran sus casas y fueran confinados en centros, sometidos a una estrecha vigilancia, forzados a la esterilización y controlados para que no abandonaran el centro sin permiso. Y aunque no todos los enfermos de lepra se vieran sometidos a sus duras imposiciones, la ley no fue derogada hasta 1996, por lo que fueron bastantes los que siguieron 'encarcelados' hasta esa fecha.

Además de los 127 que ya han logrado su rehabilitación, 1.700 enfermos están pleiteando y han reclamado unos 184 millones de pesetas de indemnización cada uno. Argumentan que la ley era inconstitucional y violó los derechos humanos. El Gobierno siempre mantuvo que no había habido tal violación de derechos. También están a las puertas de la justicia las demandas por 1.400 casos de esterilización y 3.000 de abortos provocados en las mismas leproserías. Aquí el Gobierno niega su responsabilidad apoyándose en que esas medidas se tomaron a partir de los conocimientos médicos disponibles en la época.

La revocación de la ley en 1996 significó que se generalizara el tratamiento de la lepra en hospitales comunes o se atendiera a los enfermos como pacientes externos, pero incluso después de esa fecha los prejuicios sociales hicieron que más de 4.500 personas permanecieran encerradas en leproserías, aquejadas de fuertes miedos, síntomas nerviosos o en situación de miseria. El Gobierno preveía hasta ahora destinar cuatro millones de pesetas para el tratamiento de aquéllos que decidan abandonar los centros.

Las investigaciones más recientes establecen que el contagio de la lepra es posible por contacto, pero sólo si estos se produden de forma estrecha y prolongada. No es en absoluto heredable, lo que convierte en totalmente absurdo el recurso a la esterilización o el aborto.

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