Acnur cifra en unos 25 millones el número de desplazados internos, personas que huyen de la persecución o de la violencia generadas por conflictos o por situaciones de tensión política y económica y que no han cruzado ninguna frontera internacional. Jurídicamente no gozan de ninguna protección oficial por parte del derecho internacional. Cuando hace 50 años se creó el régimen legal e institucional internacional para proteger a los refugiados, no se incluyó a los desplazados internos ya que de acuerdo con el concepto tradicional de soberanía se consideraban bajo la jurisdicción interna del Estado afectado.

El desplazamiento interno no es un fenómeno nuevo y las organizaciones humanitarias han llevado a cabo tradicionalmente una labor de asistencia a los desplazados en el marco de la protección de las víctimas de conflictos armados. Sin embargo, no es hasta la década de los 90, cuando se produce un aumento espectacular del número de desplazados a consecuencia de los nuevos conflictos armados internos, que se aborda esta problemática por parte de la comunidad internacional. En 1998, el representante general sobre desplazados internos de las Naciones Unidas propuso una serie de criterios basados en el derecho internacional humanitario con el fin de orientar el trabajo de los gobiernos y de las organizaciones humanitarias, así como de establecer un marco de derechos y garantías para facilitar su asistencia y protección. Hasta el momento las respuestas se han limitado al fortalecimiento de la coordinación entre los diversos organismos que tienen relación con los desplazados, medidas que han demostrado ser poco eficaces. En todo caso, la solución no debe venir por la creación de nuevas instituciones, sino por el respeto y cumplimiento por parte de los estados de las normas y principios de derecho internacional humanitario que ya existen.

Resulta paradójico comprobar que en ocasiones son los propios estados los causantes del desplazamiento. En Chechenia, la ofensiva rusa justificada para acabar con el terrorismo ha obligado a más de 250.000 personas huir a la vecina Ingushetia y malvivir en condiciones infrahumanas sin el más mínimo derecho a recibir asistencia al no haber cruzado una frontera internacional.

En Colombia, el desplazamiento forzado afecta cada año a cientos de miles de personas. Éste no es sólo una consecuencia directa de la guerra; entre sus causas hay intereses económicos y políticos. Desde el Estado colombiano el problema no se aborda de manera integral y, a pesar de que existen leyes suficientes para darles solución, falta voluntad política para ponerlas en práctica.

En Angola se utiliza el desplazamiento de la población civil como estrategia de guerra desde hace casi 30 años. Ello ha provocado que más de cuatro millones de angoleños se encuentren fuera de sus hogares en una situación médica y nutricional muy precaria.

En Afganistán, los bombardeos del Ejército norteamericano, además de causar víctimas civiles, han provocado nuevos desplazamientos de una población que ha permanecido atrapada en el interior del país sin posibilidad de escapar por el cierre de fronteras de los países vecinos.

En estos países que se caracterizan por un debilitamiento de las estructuras del Estado y la proliferación de actores armados en un entorno de extrema violencia, el acceso a los desplazados por parte de las organizaciones humanitarias es cada vez más complicado. A pesar de la creciente conciencia sobre el problema del desplazamiento interno, el incumplimiento por parte de los estados de sus responsabilidades de protección hacia sus ciudadanos tiene como consecuencia que millones de desplazados internos permanezcan atrapados, víctimas de la violencia y del olvido político.