Viven en una pocilga. Trescientos metros antes de llegar al puente de la N-II, por el camino de Les Coves, en el término municipal de Alcarràs (Lérida), un número indeterminado de subsaharianos sin papeles viven hacinados en una antigua y deteriorada granja de cerdos. El habitáculo ocupado por estos inmigrantes carece de los servicios (agua, lavabos, cocina...) necesarios para que un ser humano pueda vivir en condiciones dignas. El olor que desprende el refugio es realmente nauseabundo. Sus vecinos más cercanos son un centenar de vacas.

A tres kilómetros de distancia del casco urbano de este municipio ilerdense, escondidos de las miradas piadosas, los «morenos» -tal y como los llaman cariñosamente los payeses de este pueblo leridano- no son amigos de recibir visitas. «No queremos fotografías. No tenemos nada que decir. Por favor, cojan su coche y márchense de aquí», espetan temerosos a los intrusos. Las miradas que salen de sus ojos reflejan el abismo social y laboral en que se encuentran sumidos: sin papeles no pueden tener un contrato y sin contrato no pueden tener papeles. Una trampa legal, según denuncian algunos colectivos humanitarios, que deja a los inmigrantes ilegales desamparados en España.

Sin embargo, muchos payeses ilerdenses no tienen pudor en contratar bajo mano a los «morenos» para que trabajen en sus parcelas repletas de árboles frutícolas. El bar Casanova, situado en frente del Ayuntamiento de Alcarràs, y el aparcamiento del campo de fútbol municipal son los lugares donde, a la vista de todo el mundo y de la Policía Local, se realiza está contratación ilegal de los subsaharianos. Los agricultores llegan en sus vehículos particulares, algunos son todoterrenos de lujo, para «encochar» a los jornaleros sin papeles que necesitan para trabajar en su campo. Tienen dónde elegir.

A la espera de una oportunidad

Mohamed Kamara, un ciudadano senegalés de 26 años de edad, ha tenido suerte hoy. Él y un compatriota son reclamados por un agricultor de la zona y, en pocos segundos, desaparecen a bordo de una furgoneta con destino a su «trabajo». Una veintena de subsaharianos esperan pacientemente en la plaza de la Iglesia a que les llegue también a ellos su oportunidad para poder ganarse un dinero. Sin embargo, la campaña de la recogida de fruta todavía no ha comenzado en esta zona de Lérida y el trabajo es escaso.

Al cabo de algo más de cuatro horas, Kamara baja del vehículo con 16 euros en el bolsillo. Una gran parte de su peonada irá a parar a la compra de alimentos y productos de limpieza personal. Este joven senegalés, acompañado de cinco paisanos suyos, aterrizó hace dos semanas en la localidad de Alcarràs procedente de Barcelona. «En plena temporada de la fruta podemos ganar hasta 40 euros diarios y con suerte trabajar durante dos o tres meses seguidos», explica Kamara, que sueña volver con una «fortuna» a la capital catalana.

Por su parte, Mamadou Bah, de 29 años de edad y de origen guineano, llegó a Lérida el pasado jueves en autobús y, como casi todos los inmigrantes, su primera parada es el bar Casanova. Allí, sus compañeros le informan rápidamente de cómo está hoy la demanda de mano de obra barata en este municipio. El inmigrante cuenta que en las últimas semanas ha estado recogiendo fruta en la Comunidad Valenciana, pero que la temporada ya se terminó allí.

Mamadou, que hace más de tres años que reside en nuestro país, enseña con orgullo los papeles que acreditan que tiene permiso de trabajo hasta noviembre del próximo años 2005. Es un privilegiado y él lo sabe. Vivir sin temor a la Policía es un lujo entre este colectivo donde la mayoría son ilegales. Además, los papeles le abrirán la puerta a un contrato legal -lo que supone más dinero y dormir y comer en una casa de campo- durante dos o tres meses de verano. Más de 60 euros diarios por una jornada laboral de 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Este guineano pretende ahorrar lo suficiente recogiendo fruta para volver a su país donde le esperan un hijo y una mujer.

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