En el año 2006 fueron ejecutadas al menos 1.591 personas -frente a los 2.148 de 2005- en 25 países del mundo y al menos 3.861 fueron condenadas a muerte en 55 países, según los datos de Amnistía Internacional, que precisa que estas cifras únicamente reflejan los casos conocidos y que las cifras reales "son sin duda más elevadas". El 91 por ciento de todas las ejecuciones de las que se tuvo noticia tuvieron lugar en China, Estados Unidos, Iraq, Irán, Pakistán y Sudán.

Basándose en los informes públicos disponibles, Amnistía Internacional calcula que al menos 1.010 personas fueron ejecutadas en China durante el año, aunque se cree que las cifras reales son mucho más elevadas. Fuentes dignas de crédito citadas en el informe sugieren que en 2006 fueron ejecutadas entre 7.500 y 8.000 personas. Sin embargo, las estadísticas nacionales sobre condenas a muerte y ejecuciones siguieron clasificadas como "secreto de Estado" y dificultan la labor de vigilancia y análisis.

El informe denuncia que Iraq ha pasado a engrosar la lista de máximos ejecutores del mundo en 2006. La aplicación de la pena de muerte ha crecido rápidamente en este país desde su restablecimiento a mediados de 2004. Más de 270 personas han sido condenadas a muerte desde entonces, y los informes recibidos indican que al menos se ha ejecutado a 100. En 2004 no se recibieron informes de ejecuciones, y al menos tres hombres fueron ejecutados en 2005.

En 2006, "el escándalo que suscitó en todo el mundo el ahorcamiento televisado del ex presidente Sadam Husein en diciembre eclipsó el dato realmente relevante de que el índice de ejecuciones en Iraq había aumentado drásticamente durante el año, con más de 65 personas ejecutadas por ahorcamiento, de las cuales al menos dos eran mujeres", advierte Amnistía.

El índice de ejecuciones en Irán prácticamente se duplicó en relación con 2005, con al menos 177 personas ejecutadas en 2006. Asimismo, Pakistán ingresó el año pasado en la lista de países que más aplican la pena capital con al menos 82 ejecuciones. En Sudán fueron ejecutadas al menos 65 personas, pero se cree que el número real es superior. En Estados Unidos se realizaron 53 ejecuciones en 12 Estados.

Irán y Pakistán fueron los únicos países que en 2006 ejecutaron a personas (cuatro y uno, respectivamente) por delitos cometidos cuando eran menores de edad, lo que constituye una violación del Derecho Internacional. Desde 1990, hay constancia de nueve países que han ejecutado a presos que eran menores de 18 años en el momento de cometerse el delito: Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán, Nigeria, Pakistán, Sudán, la República Democrática del Congo y Yemen. Desde entonces, China, Estados Unidos, Pakistán y Yemen han aumentado la edad mínima a 18 años.

Antes de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos resolviera en marzo de 2005 que la ejecución de menores de 18 años era inconstitucional, Estados Unidos e Irán ejecutaban cada uno a más menores que los otros siete países juntos. En la actualidad Irán ha superado a Estados Unidos en el número total de ejecuciones de menores desde 1990 (19 en Estados Unidos).

Irán ejecutó al menos a 177 personas, Pakistán al menos a 82, e Iraq y Sudán cada uno al menos a 65, aunque el número total de ejecuciones puede haber sido mayor. Hubo 53 ejecuciones en 12 Estados de Estados Unidos.

En África sólo hubo ejecuciones en seis países en 2006. En Europa, Bielorrusia es el único país que sigue aplicando la pena capital, y en América, Estados Unidos es el único país que ha realizado ejecuciones desde 2003.

En todo caso, según Amnistía, es difícil calcular la cifra total de personas actualmente condenadas a muerte y en espera de ejecución. La cifra estimada al finalizar 2006 se sitúa entre 19.185 y 24.646. Estas cifras se basan en la información de grupos de Derechos Humanos, informes de los medios de comunicación y las limitadas cifras oficiales disponibles.

Pese a todo, la organización advierte una tendencia mundial en favor de la erradicación de la pena de muerte. En 2006, Filipinas se unió a los 99 países que ya habían abolido la pena capital para los delitos comunes -en 1977 sólo 16 países habían abolido la pena de muerte para todos los delitos- y otros muchos están a punto de hacerlo, entre ellos Corea del Sur.

Desde 1990, más de 45 países y territorios han abolido la pena de muerte para todos los delitos. Entre ellos figuran países de África (ejemplos recientes son Costa de Marfil y Liberia), América (Canadá, México y Paraguay), Asia y Oceanía (Bután, Filipinas y Samoa) y Europa y el sur del Cáucaso (Armenia, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Montenegro y Turquía).

Según la última información de que dispone Amnistía Internacional, 88 países y territorios ya han abolido la pena de muerte para todos los delitos, 11 países han abolido la pena de muerte para todos los delitos, excepto los excepcionales (como los cometidos en tiempo de guerra), y 29 países pueden considerarse como "abolicionistas de hecho", ya que mantienen en su legislación la pena de muerte pero no han llevado a cabo ninguna ejecución en los últimos diez años o más.

Por ello, y como resultado de la presión internacional, dos terceras partes de los países del mundo ya han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica. Por contra, 69 países retienen y aplican la pena de muerte, pero el número de países que realmente ejecutan a presos a lo largo del año "es mucho menor", según Amnistía.

El informe advierte de que los estudios científicos realizados no han podido nunca encontrar pruebas convincentes que demuestren que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio frente al crimen que otros castigos.

El estudio más reciente acerca de la relación entre la pena de muerte y los índices de homicidios, elaborado para la ONU en 1988 y actualizado en el año 2002, llegaba a la conclusión de que "no es prudente aceptar la hipótesis de que la pena capital tiene un mayor poder disuasorio sobre los asesinatos que la amenaza y aplicación de la cadena perpetua, pena supuestamente inferior".