El texto fue aprobado por 99 votos a favor, 52 en contra y 33 abstenciones tras dos días de intenso debate en el seno del comité de derechos humanos del órgano legislativo de Naciones Unidas, compuesto por 192 países.

La resolución expresa preocupación por la continuada aplicación de la pena de muerte e insta a los países que mantiene la pena capital en sus códigos penales a que "establezcan una moratoria de las ejecuciones con miras a abolir la pena capital".

También llama al respeto de los estándares internacionales que garantizan los derechos de los condenados y a la progresiva reducción de los delitos que se penan con la muerte.

La adopción de la moratoria supone un triunfo para los opositores de la pena de muerte, que desde 1993 habían intentado sin éxito que la Asamblea General aprobara una medida similar.

Al contrario que en años pasados, sus patrocinadores centraron el texto en el concepto de un llamamiento a una moratoria, en lugar de a una abolición, con lo que se consiguió que hasta 87 países se apuntaran como patrocinadores del proyecto de resolución.

"Espero con firmeza que al aprobar esta resolución iniciemos un proceso en conjunto de colaboración, con dignidad y respeto", apuntó el embajador de Italia ante la ONU, Marcello Spatafora, cuyo país fue uno de los principales promotores de la medida.

Eso no evitó que la adopción del texto fuera precedida por un intenso debate a lo largo de dos días en el pleno del tercer comité, en el que se presentaron sin éxito casi una veintena de enmiendas.

Algunas delegaciones, como las de Singapur, Botsuana o Egipto, opuestas a la moratoria acusaron a la UE de sembrar la discordia con una medida polémica, seguir prácticas colonialistas y entrometerse en los asuntos internos de otros países soberanos.

"No importa cuánto nos presionen y cuánto nos quieran intimidar, nunca votaremos en contra de la voluntad del pueblo de Botsuana", aseguró el representante de ese país, Samuel Otsile Outule.

Para Singapur, los "promotores de la resolución sabían que esta propuesta no contaba con consenso y que polarizaría el comité, y a pesar de ello siguieron adelante. La razón es que nos quieren imponer sus valores", consideró el representante de ese país asiático, Kevin Cheok.

El diplomático apuntó que la pena de muerte no es un asunto que pertenezca a la agenda de los derechos humanos, sino algo correspondiente al código penal de cada país y a la aplicación de la justicia: "Los proponentes de abolirla prefieren centrarse en los derechos de los transgresores de la ley, nosotros preferimos ocuparnos de los derechos de sus víctimas", agregó.

La resolución, como todas las de la Asamblea General, no es vinculante pero sus promotores aseguran que supone un respaldo moral en la lucha en favor de la abolición de la pena de muerte.

Un total de 133 Estados miembros de la ONU han abolido la pena de muerte en su legislación o en la práctica, y solo 25 países llevaron a cabo ejecuciones en 2006, el 91 por ciento de las cuales se registraron en China, Irán, Irak, Pakistán, Sudán y EEUU, según datos de Amnistía Internacional. El número de ejecuciones cayó en más de un 25 por ciento en 2006, de acuerdo a la organización de derechos humanos, cuando se aplicaron al menos 1.591 penas de muerte en 25 países frente a las 2.148 ejecuciones llevadas a cabo en 2005.