El país con mayor número de penas de muerte fue China, con 1.770, frente a las 3.400 constatadas por Aministía Internacional (AI) en el 2004, aunque la organización calcula, no obstante, que la cifra real de ejecuciones en el gigante asiático en el 2005 podrían acercarse a las 8.000.

Además de China, otros 21 países aplicaron penas de muerte en 2005, entre ellos Irán y Arabia Saudí, donde hubo al menos 94 y 86 ejecuciones, respectivamente, mientras que en Estados Unidos se registraron 60, una más que en el año anterior.

El resto de países donde hubo ejecuciones en 2005 fueron Bangladesh, Bielorrusia, Indonesia, Irak, Japón, Jordania, Corea del Norte, Kuwait, Libia, Mongolia, Pakistán, Singapur, Somalia, Taiwán, Uzbekistán, Vietnam y Yemen, además de en los territorios para jurisdicción de la Autoridad Nacional Palestina (ANP).

Los defensores de los derechos humanos sospechan que las estadísticas de las ejecuciones son poco fiables porque muchos países lo mantienen en secreto para evitar la condena internacional. Todavía en el siglo XXI hay países donde son frecuentes las muertes extrajudiciales organizadas desde el poder.

Los 46 países miembros del Consejo de Europa son abolicionistas en su totalidad, excepto Letonia que la ha abolido para delitos comunes y Rusia que la mantiene, aunque no la aplica desde 1999.

A iniciativa de la Asamblea Parlamentaria, el protocolo seis de la Convención Europea de Derechos Humanos abolió la pena de muerte en tiempos de paz en 1985.

Respecto al continente americano destaca el caso de EEUU, única democracia occidental que reconoce la pena capital en la mayoría de sus estados.

Aunque está presente en los códigos penales de otros países de América, sólo Cuba la ha aplicado en los últimos años.

En Africa, las ejecuciones quedan camufladas entre los constantes conflictos armados e interétnicos, las cifras son incompletas porque tanto gobiernos como guerrillas son responsables de ejecuciones extrajudiciales.

En Asia existen las situaciones más graves respecto a la pena de muerte. En China se aplica por delitos menores y en Irán se llevan a cabo ejecuciones, algunas por delitos sexuales, en aplicación de la ley islámica. Uno de los métodos utilizados es la lapidación, también empleado por países como Siria, Jordania, Arabia Saudí, entre otros.

Gran parte de las ejecuciones legales realizadas en la última década fueron públicas. Irán, Irak, China, Nigeria, Pakistán y Arabia Saudí fueron los países en donde estos acontecimientos fueron presenciados por miles de personas.

Más de la mitad de países que todavía imponen la pena de muerte tienen estatutos que prohíben su aplicación sobre menores de 18 años y solamente se tienen noticias recientes de ejecuciones en EEUU, Pakistán, Bangladesh, Barbados, Irán y Ruanda.
Acuerdos internacionales

En la Declaración Universal de Derechos Humanos se estipula el derecho a la vida y el derecho a no ser sometidos a tratos inhumanos o degradantes. Una de las novedades registradas en los últimos años ha sido la adopción de tratados internacionales mediante los cuales los Estados se han comprometido a no recurrir a la pena capital. Actualmente son cuatro los acuerdos vigentes en este sentido:

--El Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la abolición de la pena de muerte, que ya han ratificado 43 Estados y firmado otros seis.
--El Sexto Protocolo del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, referente a la abolición de la pena de muerte en tiempos de paz, que ya han ratificado 39 Estados y han firmado otros tres.
--El Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos para abolir la pena de muerte, que ha sido ratificado por ocho Estados americanos.
--El Protocolo número 13 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, ratificado por 36 estados europeos y firmado por otros siete.

En junio de 2001 se reunió en Estrasburgo el I Congreso mundial contra la pena de muerte. El objetivo principal del acto, al que asistieron presidentes de cámaras legislativas de todo el mundo y numerosas personalidades políticas, era lograr la desaparición universal de la pena capital de los ordenamientos jurídicos.