«El castigo máximo está bajo asedio», dijo el juez William Sessions, el segundo de EEUU que se ha atrevido a alzar su voz contra un castigo brutal que produce repulsa en la mayor parte del mundo. Sessions aprovechó el juicio por asesinato contra Donald Fell para concluir que la actual ley federal de la pena de muerte, de 1994, que autoriza su aplicación por la jurisdicción federal (la que se aplica desde Washington a toda la nación), viola dos enmiendas constitucionales.

Apenas dos meses antes, otro juez federal, Jed Rakoff, en Nueva York, se pronunció en el mismo sentido contra la aplicación de la pena máxi ma por delitos federales, equiparándola al «asesinato, patrocinado por el Estado, de seres humanos inocentes». Ninguna de las dos sentencias, sólo de ámbito federal, tiene la capacidad de forzar a los 38 estados que aplican la pena de muerte a que la suspendan. Además, la sentencia de Rakoff fue apelada por el Ministerio de Justicia, que previsiblemente hará lo mismo con la de Sessions. Pero los opositores de la pena capital resaltaron su importancia, ya que sostiene que se ha condenado a muerte a muchos inocentes.