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Todas las circunstancias se pusieron contra Safiya: divorciada, embarazada fuera de matrimonio y sin poder probar que había sido violada por su primo de 60 años, casado con dos mujeres, Yakubu Abubakar. Si hubiera sido soltera, habría sido condenada sólo a cien latigazos. Si no hubiera estado embarazada, habría sido más fácil justificar la denuncia por violación: según la ley islámica, el embarazo es una prueba determinante de adulterio en la mujer. Y si hubiera contado con cuatro testigos islámicos en lugar de los tres que declararon a su favor, habría tenido alguna posibilidad de salvación.
Safiya cayó en esta pesadilla tras haber sido denunciada por adulterio, junto con su primo, por vecinos de su pueblo, Tungar Tudu, a 30 kilómetros de Sokoto. Su primo ha salido indemne de la acusación: "No había pruebas evidentes", declaró a principios de noviembre Alhaji Mohamed Bello, juez de la causa, en una entrevista publicada por Weekly Trust. "Según la ley islámica", añade Bello, "tiene que haber tres evidencias, y ninguna de ellas se ha presentado: cuatro testigos que declaren haber visto al hombre en el acto del supuesto adulterio; que el inculpado se declare voluntariamente adúltero, lo que no sucedió, o que exista una prueba de tal acto en su cuerpo".
El bebé, una niña, Adama, tiene ocho meses, y a la propuesta por parte de la madre de Safiya de que sea identificada su paternidad por la prueba del ADN, el juez Bello contesta: "No es una prueba evidente en lo que a la ley islámica se refiere. Puede haber errores en los tests y la sharia no tolera eso".
El corresponsal de la BBC en Lagos, que pudo entrevistarse con Safiya, asegura que la mujer ha salido del refugio al que huyó y se encuentra de nuevo con su familia en Tungar Tudu. En una pequeña cabaña, sentada cerca de un padre invidente, divorciada y madre de cinco niños, aparenta tener 50 años. Safiya ha olvidado el gesto de la sonrisa. Quiere ver crecer a su hija y enviarla al colegio, privilegio que ella no disfrutó. El supuesto violador ha desaparecido. "Si él ha podido ser liberado, no hay razón para que yo no lo sea", dijo la mujer a la BBC.
A través de la Fiscalía General y del Ministerio de Justicia, el Gobierno federal de Abuja ha declarado que no permitirá este tipo de castigo. Safiya presentó una apelación ante el tribunal islámico de Sokoto el 22 de noviembre, y podría recurrir una segunda vez. Amnistía Internacional (AI) de Madrid mostró ayer un cierto pesimismo. "Las cárceles están llenas de mujeres violadas porque no han podido encontrar testigos musulmanes. Y el norte del país aplica leyes muy rígidas con las mujeres", declara un portavoz. En 2000, otro tribunal islámico de Nigeria condenó a 180 latigazos a una joven de 16 años que denunció una violación: 100 le fueron propinados antes del juicio.
AI y las ONG locales están actuando a favor de la absolución. El pasado lunes, el ala femenina de los Amigos de Pentecostés de Nigeria, bajo los auspicios de organizaciones defensoras de los derechos civiles, celebró una manifestación silenciosa en Lagos pidiendo la intervención del Gobierno. En noviembre, la comunidad de San Egidio de Nápoles (Italia) inició una campaña de envío masivo de correos electrónicos al Gobierno nigeriano. Sin embargo, informa Lola Galán, los mensajes fueron sistemáticamente bloqueados. Ante las dificultades de comunicación, el concejal comunista Mario Esposito se dirigió a la alcaldesa Rosa Russo que, a su vez, solicitó la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores."Los resultados han sido altamente satisfactorios", asegura Maria Castronuovo, sindicalista impulsora de la campaña.
Independizada del Reino Unido en 1960, Nigeria cuenta con más de 126 millones de habitantes, la mitad musulmanes, 40% cristianos y 10% de religiones indígenas. Después de casi 16 años de régimen militar, una nueva constitución fue aprobada en Nigeria en 1999, con una transición pacífica hacia una república federal, con 36 estados y capital en Abuja, que había sido transferida desde Lagos en 1991.