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La pena de muerte aún está vigente en las legislaciones de 36 de los 50 estados norteamericanos y tiene la aprobación de cerca de dos tercios de la opinión pública del país. Pero en todo el país, estados lejanos entre sí y de tendencias muy distintas, como Montana (noroeste), Kansas (centro), Nuevo México (sur) y Maryland (noreste), están entre aquellos que consideran activamente abolir la pena capital en un intento por hacer frente a fuertes recortes de presupuesto.
"Es bastante inusual este florecimiento de actividad legislativa en los estados este año. Y es porque hay una examinación renovada de la pena de muerte", dijo a AFP Steve Hall, director del grupo Standdown que se opone a la pena capital.
La mayoría de los estados involucrados en esta tendencia son aquellos que han ejecutado a pocas personas --cinco o menos-- en los últimos 30 años, desde que la pena de muerte fue reinstalada en 1976. Pero "los legisladores estatales en todo Estados Unidos parecen estar reexaminando la pena de muerte", dijo.
Los ahorros podrían ser considerables. Un condenado a muerte puede costarle a un estado 10 veces más que un preso a cadena perpetua.
En la cima de este complejo y largo proceso, las apelaciones pueden durar años y los prisioneros a menudo están representados por abogados pagados por el estado.
La custodia de los corredores de la muerte y de las cámaras donde los presos son ejecutados también son costosos ítems de un presupuesto estatal.
En Kansas, que no ha ejecutado a nadie desde 1976 pero que tiene a nueve hombres en el corredor de la muerte, las preocupaciones financieras se imponen sobre cualquier otra consideración.
La senadora republicana de Kansas Caroline McGinn propuso un proyecto de ley que prohíbe la pena de muerte a partir de julio para reducir el déficit presupuestario del estado.
"El tema del costo es definitivamente un tema en el que los legisladores están atentos, porque la severa recesión económica ha tenido un significativo impacto en muchos estados", dijo el activista Hall.
En Kansas el costo de ejecutar a un prisionero es 70% mayor que mantenerlo en prisión. Un condenado a muerte puede costar 1,26 millones de dólares, mientras una persona en cadena perpetua cuesta 740.000 dólares, de acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Dpic.
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