Sus relatos descubren tramas de película: intercambios de niños por dinero a plena luz del día, bebés que salían del paritorio tras haber sido dados por muertos, matronas que falsificaban documentos...

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«Mis padres me confesaron que me habían comprado»; «Pagaron por mí más que por un piso»; «Un religioso les dio a elegir entre niño o niña», «Tuvieron que aportar a cambio una madre gestante»... Estos testimonios no pertenecen al guión de una ficción. Son historias reales de personas que, de adultos, han descubierto que su vida es una mentira. Recién nacidos, en el hospital, cambiaron de manos previo pago de sus padres adoptivos. ¿Quién fue su madre real? ¿Quién se enriqueció con su venta? Miles de preguntas se agolpan sin respuesta en sus cabezas.

Según el abogado Enrique Vila, entre 200.000 y 300.000 personas podrían vivir bajo esta sombra. Casos que hunden sus raíces en los últimos coletazos del franquismo y ven la luz ahora, cuando sus protagonistas, ya adultos, están descubriendo que su familia no es la que creían. Sus relatos descubren tramas de película: intercambios de niños por dinero a plena luz del día, bebés que salían del paritorio tras haber sido dados por muertos, matronas que falsificaban actas de alumbramiento...

Juan Luis Moreno supo que le habían comprado por 150.000 pesetas cuando su padre se lo confesó en su lecho de muerte; María Labarga descubrió que su partida de nacimiento estaba falsificada y la que creía su madre, no lo es, Paloma Mosset busca a su hija, dada por muerta al nacer... Son muchas las personas que, tras años de sospechas, han decidido investigar su caso. Cien de ellas se han asociado en ANADIR [Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Ilegales] con la intención de que les escuchen en los tribunales, algo complicado hasta la fecha, ya que las demandas que han interpuesto ante diversos juzgados provinciales han sido desestimadas -sólo una está siendo investigada por la Fiscalía de Algeciras-. «Nos dicen que son delitos que han prescrito porque rondan ya los 40 años. Pero la desaparición de personas no prescribe hasta que éstas aparecen y además, este tipo de causas son permanentes», afirma Vila, abogado al servicio de Anadir que prepara una denuncia colectiva ante la Fiscalía General del Estado para el próximo mes de octubre.

Este abogado lleva 10 años investigando este tipo de casos. Comenzó representando a adoptados en busca de sus orígenes y así descubrió que muchos figuran como hijos naturales en su partida de nacimiento, a pesar de que sus propias familias les han contado que no lo son. ¿Quién falsificó sus papeles? ¿Qué irregularidades se esconden detrás? Asegura que entre un 10 y un 15% de sus representados se encuentra en esa situación. Según sus cálculos, en España habría unos 2.000.000 de adoptados nacionales, por lo que, si extrapolamos esa variable, entre 200.000 y 300.00 casos serían ilegales. Tras comprobar que sus álbumes familiares reflejaban una realidad falsa, las víctimas de estas tramas rompen su silencio y reclaman justicia.

Redes de religiosos, médicos y funcionarios

La historia de los niños 'apropiados' -así prefieren ellos que se les llame- hunde sus raíces en el franquismo. Aunque en los primeros años estuvo cargada de ideología -robaban a los hijos de presas políticas y mujeres republicanas para dárselos a familias conservadoras-, pronto se convirtieron en tramas puramente económicas que extendieron sus tentáculos más allá de la dictadura. Lo atestigua Francisco Tena, sociólogo y experto en la materia que lleva años rastreando el origen de algunas de estas personas. «Los casos más numerosos se dieron entre 1963 y 1970, aunque yo manejo casos de 1943 a 1995. En 50 años, ¡imagínate todos los afectados que pudo haber!», exclama. El abogado Enrique Vila representa a 'apropiados' de hasta 1979.

Estudiando los casos, descubren un 'modus operandi' recurrente. «Matrimonios que no podían tener hijos, normalmente mayores, se ponían en contacto mediante conocidos con personas que les podían 'facilitar' uno. En un primer encuentro les decían a qué ciudad tendrían que ir a buscarlo y el dinero que debían pagar por él y en la fecha señalada, se desplazaban hasta la ciudad pactada y se hacía el intercambio, normalmente en casas o parques. Después, les mandaban a una matrona o auxiliar de enfermería de su propia ciudad, que falsificaba, también previo pago, el certificado de alumbramiento y con él acudían al registro civil donde inscribían al bebé como propio. Todos se llevaban dinero», describe Vila.

El eje de la trama se urdía entre las paredes de los hospitales, donde se vivían situaciones dispares. Había madres que querían dar al niño en adopción, mujeres jóvenes o madres solteras que, presionadas por sus familias y la moral de la época, decidían no seguir adelante con su maternidad, prostitutas que no podían tener al bebé... Pero también casos más trágicos. «Había parturientas sanas y con partos normales a las que, tras dar a luz, les quitaban al niño diciéndoles que había muerto. Muchas nunca llegaban a ver el cuerpo del bebé, ni el certificado de defunción, ni nada de nada», afirma Francisco Tena. Ese niño salía de la clínica con destino a otro hogar y en la mayoría de los casos, como en el de Antonio Barroso o María Labarga, se modificaban los historiales médicos y las actas de nacimiento para borrar cualquier rastro de lo ocurrido.

«Casi siempre había religiosos implicados. Se creían con potestad moral para quitarles los bebés a madres sin recursos y dárselos a familias convencionales. Pero figuran en los casos porque trabajaban como enfermeras en los hospitales en esos años, no porque fuera una trama de la Iglesia como institución», explica Vila. La magnitud del escándalo llegó a alcanzar grandes proporciones. «Hubo muchas familias despojadas de sus hijos. Las madres no tenían normalmente recursos culturales ni económicos. Eran solteras, jóvenes indefensas que se resignaban cuando les decían que el niño había muerto. Algunas siguen hoy en tratamiento psicológico», denuncia Francisco Tena, quien matiza que «la mayoría de los adoptantes lo hicieron de buena fe» y no se les puede acusar de delito porque, aunque pagaban por los niños, «les decían que era para gastos médicos, papeleo, etc». «La responsabilidad la tienen los intermediarios y hubo mucha gente que se enriqueció con esto. Debería intervenir la Fiscalía y habría que estudiar su conexión con delitos de lesa humanidad. Es de una magnitud tremenda », sentencia.