Muchos creen haberlo visto todo, pero lo que se ha conocido en Holanda esta semana les hará pensar que tal vez no estaremos nunca preparados para ciertas cosas. Lo que viene a continuación puede herir su sensibilidad, así que si usted teme que en este tipo de situaciones va a verse afectado por impulsos de indignación, es mejor que no siga leyendo.

Amparándose en la amplia tradición holandesa de tolerancia ilimitada, un ciudadano de 62 años al que cuesta atribuir la consideración de persona, llamado Ad van der Berg, ha anunciado que pretende presentarse a las elecciones legislativas del año que viene al frente de un partido político cuyo programa electoral defiende abiertamente la legalización de la pedofilia, la pornografía infantil, la zoofilia y el uso libre de todo tipo de drogas.

El partido político que ha fundado con unos cuantos amigos, a los que no se les cae la cara de vergüenza por reconocer que se excitan sexualmente con niños, se llama literalmente «Amor al Próximo, Diversidad y Libertad», NVD por sus siglas en holandés, y según dicen, se quejan de que casos como el del belga Marc Dutroux, que secuestraba a niñas para abusar sexualmente de ellas y las encerraba en un sótano en el que al menos dos de ellas murieron de inanición, han perjudicado sus aspiraciones de alcanzar la respetabilidad social.
En declaraciones a un diario holandés, Van der Berg se quejaba -como si fuera una víctima- de que «hace una década estábamos buscando nuestro lugar en la sociedad, pero desde que se desveló el caso Dutroux ya no hay más discusiones. Nos han puesto a todos los pedófilos en el mismo saco. Hemos sido silenciados».

Con estas ideas, el NVD propone que la edad mínima para tener relaciones sexuales consentidas se rebaje de 16 a 12 años y que a los 16 los adolescentes ya puedan participar en películas pornográficas. Los más exigentes del partido pedían que la intervención en filmaciones y sesiones fotográficas fuera autorizada a partir de los 12 años. Naturalmente, piden que la tenencia de pornografía infantil sea despenalizada. Una agencia especializada debería determinar si los niños han sido forzados o no a intervenir en esas películas.

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