Gays represaliados en el franquismo exigen una indemnización

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Hace sólo tres días, el Tribunal Supremo dictó una sentencia histórica: condenó al Estado a indemnizar con 6.000 euros a un soldado que en 1979 fue excluido del servicio militar por homosexual. Ahora, la Asociación de Ex-Presos Sociales, que agrupa a gays y transexuales represaliados durante la dictadura, exige que la medida se extienda.

Así lo explicó ayer el presidente de la asociación, Antoni Ruiz, que exigió que el Gobierno haga efectiva la promesa que hizo en febrero de una indemnización de 12.000 euros y una pensión mensual de 800 para los integrantes del colectivo. Durante el franquismo, los que admitían ser homosexuales eran condenados a penas de cárcel y a un año de destierro. Todo ello en función de la Ley de Vagos y Maleantes, de 1954, y la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, de 1970. "Esas personas jamás han tenido acceso a un trabajo digno por sus antecedentes penales", explicó Ruiz, que ingresó en la cárcel con 17 años.

Ruiz manifestó su alegría por la sentencia, "aunque muy leve", del Tribunal Supremo y exigió la reactivación de unas medidas que "se habían acordado" y ahora se han paralizado junto con la Ley de Memoria Histórica. Afectarían a los 75 miembros de su asociación, aunque se calcula que en total hubo unos 4.000 homosexuales y transexuales afectados durante la dictadura.

En diciembre de 1979 se derogó el supuesto de homosexualidad de la Ley de Peligrosidad Social, aunque hasta 1982 hubo detenciones de gays "por escándalo público". A finales de 2002, la Guardia Civil autorizó que las parejas gays convivieran en las casas cuartel; en 2004, el Parlamento pidió perdón por cómo se trató a los gays durante el franquismo; y en 2005 se aprobaron las bodas homosexuales. Ahora, el colectivo pide que los expedientes de los que fueron encarcelados desaparezcan de las prisiones.