A Antonio Zúñiga lo detuvieron en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 2005. En dos días, fue acusado de asesinato. En unos meses, condenado a 20 años de cárcel. Los policías que lo detuvieron nunca le leyeron sus derechos. Su primer abogado no tenía permiso para ejercer la profesión. El detective que le acusó no se acordaba de su caso. Decenas de testigos corroboraron su coartada, pero el único que fue tomado en cuenta fue un joven que no atinaba a describirle. El juez, pese a las múltiples pruebas que le exoneraban, le condenó no una sino dos veces a 20 años de prisión. Sólo consiguió probar su inocencia cuando dos jóvenes abogados, armados con una cámara de vídeo, mostraron las irregularidades de su juicio ante un tribunal de apelaciones. El documental Presunto culpable cuenta la historia de un hombre encarcelado pese a que podía probar su inocencia, pero que tuvo la mala suerte de toparse con que en México la justicia es ciega. Literal.

El sistema judicial mexicano establece que un detenido es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Muy pocos lo logran. En 2008, casi el 95% de las sentencias fueron condenas. Ese diciembre de 2005, Zúñiga fue detenido por dos policías que le tiraron al suelo sin dar más explicaciones. "Ni idea de qué me están hablando. No sabía nada. Me agarran, me meten a una patrulla y me dijeron '¡tú fuiste, y ya!", recuerda. Le acusaron de matar a un miembro de una banda urbana, el domingo 11 de diciembre, a las 15.00 horas. El mismo domingo en que Zúñiga atendió un pequeño negocio de videojuegos en un tianguis (la palabra náhuatl para mercadillo) en la capital mexicana. El crimen había ocurrido a 15 kilómetros de distancia. Los vecinos del mercadillo recordaban haberlo visto todo el día. La prueba de pólvora a la que fue sometido, para probar si había disparado un arma de fuego, resultó negativa. De poco le sirvió. Todas las evidencias fueron ignoradas.

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Roberto Hernández y Layda Negrete, dos abogados mexicanos estudiantes de doctorado en la Universidad de Berkeley (EE UU), se enteraron del caso. Las estadísticas que han resultado de sus investigaciones reflejan el lado oscuro del sistema judicial mexicano. El 93% de los presos nunca vieron su orden de arresto. El 92% de las pruebas no son físicas y se basan solamente en el relato de testigos.

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"En México, la injusticia está legalizada. No hay forma de salir. Es un sistema que te detiene sin orden de arresto, te acusa sin pruebas y te juzga sin juez", asegura Hernández. La desconfianza de los mexicanos en sus instituciones es prácticamente absoluta. Sólo se denuncia el 3% de los crímenes en un país que libra una lucha contra el narcotráfico, que se ha cobrado más de 19.000 vidas desde 2006. En Ciudad Juárez, donde el año pasado se cometieron 2.900 asesinatos, sólo se efectuaron 30 arrestos. "La víctima es el jodido, el más pobre, el que no se puede defender", describe Hernández. Zúñiga dormía en una pequeña celda junto con 20 presos. Su cama era un espacio en el suelo debajo de un catre, que los presos llaman "la tumba". Y los consejos, tras las rejas. "Lo primero que te dicen es que tu familia no se debe enterar. Te memorizas las respuestas. '¿Cómo estás?'. Bien. '¿Te golpean?'. No". Zúñiga todavía calla, pero Hernández está seguro de que le han torturado "al menos psicológicamente".

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Su defensa nadaba contra corriente. En los argumentos finales, tras mostrar evidencia como que la prueba de pólvora realizada a Zúñiga había resultado negativa, que el testigo del caso no podía describirle, que era imposible que hubiera cometido el asesinato, Heredia, el abogado defensor, exige a la fiscal que explique cuáles son los fundamentos de su acusación. "Porque es mi chamba [trabajo]", es su única respuesta. El 4 de febrero de 2008, tras 800 días en la cárcel, Zúñiga fue condenado, otra vez, a 20 años de prisión.

Pero siguieron. Había una última esperanza. Heredia, Negrete y Hernández acudieron a un tribunal de apelaciones, donde tres magistrados decidirían la suerte de Zúñiga. Y es ahí donde ocurre uno de los datos más esperanzadores de la historia. Tras ver las grabaciones del juicio, el magistrado Salvador Ávalos, el mismo que había avalado la condena de Zúñiga, decidió rectificar. "Fue el único en todo el proceso que dijo: 'me equivoqué", recuerda Hernández. Después de pasar tres años en la cárcel, Zúñiga por fin fue exonerado. Fue el 3 de abril de 2008, el mismo día que nació su primera hija, Valeria.

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