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La extendida creencia instalada en la ciudadanía de que la resolución de un pleito puede depender en buena parte del juez que a uno le toque en suerte -aunque no menos decisivo resulta el abogado que le defienda- es un hecho que pocos jueces admiten sin reparos. Ninguno duda de que todas las leyes son interpretables, pero son reacios a admitir que eso y no otra cosa es impartir justicia.

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¿Condiciona la ideología a los jueces? "Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas", se dice en el artículo 3.1 del Código Civil.

"Si la sociedad piensa que los jueces dictan sentencia movidos por su ideología es que algo estamos haciendo mal entre todos y que no somos capaces de ganarnos la confianza de los ciudadanos", explica Margarita Robles, magistrada en excedencia del Tribunal Supremo y en la actualidad vocal del CGPJ a propuesta del PSOE.

En su opinión la ley sólo es interpretable, "desde un punto de vista jurídico, que no ideológico". En ese razonamiento coincide Pablo Llarena, magistrado de la Audiencia de Barcelona y miembro del comité ejecutivo de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, a la que están afiliados una cuarta parte de los jueces de España. "Que se juegue con la ideología de los jueces para establecer un pronóstico de la resolución hace que la ciudadanía pierda la confianza en la justicia", asegura.

Menos equidistante que sus compañeros se expresa el magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Ramón Sáez. "Lo que hay que preguntarse es porqué en casos similares se dictan sentencias distintas. El derecho es débil y no hay duda de que a la hora de aplicarlo influyen la ideología, los perjuicios y los posicionamientos personales del juez. Hay que asumir sin complejos que tenemos un poder y que al dictar sentencia lo imponemos a las partes".

Sáez, como Robles, pertenece a la asociación progresista Jueces para la Democracia, a algunos de cuyos integrantes les han colgado sus compañeros conservadores la etiqueta de practicar, en ocasiones, lo que se denomina el uso alternativo del derecho. Es decir, la desmitificación del carácter científico que tiene la interpretación y aplicación de la ley y la necesidad de apostar por las clases más desfavorecidas.

Son muy pocos los jueces que reconocen abiertamente que interpretan la ley desde su ideología y abundan los que suscriben las tesis de Pablo Llarena, en el sentido de que su función consiste en asegurar "una justicia imparcial, técnicamente formada, equidistante y alejada de la política". Sin embargo, el mismo Llarena reconoce que "la resolución judicial puede variar según el juez que la dicte. Eso no es ninguna perversión, es que es así. Cada juez puede visualizar una realidad en un mismo procedimiento", explica.

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