Consumando una maniobra ampliamente anunciada, el Gobierno italiano presentó ayer en el Parlamento las enmiendas que ponen en marcha la llamada Operación Salva Berlusconi. Ambos textos desembocarán, según los planes avanzados por el propio primer ministro a sus renuentes socios de la Liga Norte, en la suspensión de decenas de acciones judiciales, entre ellas al menos una que al parecer no deja conciliar el sueño al propio jefe de Gobierno, el caso Mills.

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Berlusconi fue imputado por corrupción tras haber sobornado presuntamente con 580.000 euros al abogado británico David Mills para que éste falseara su testimonio en dos procesos, celebrados en 1997 y 1998 contra el magnate de la televisión, de los que salió absuelto. El fiscal pide ocho años de prisión para Berlusconi.

"Esos textos deben ser retirados inmediatamente", dijo Pierferdinando Casini, líder de la Unión de Centro. "Se trata de la enésima ley ad personam" aprobada por Berlusconi, señaló Lanfranco Tenaglia, del Partido Democrático: "Suspensión generalizada de todos los procesos, comenzando por aquellos en los que están imputados el primer ministro y sus amigos".

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