"Todavía no me puedo creer lo que ha pasado", dice Jorge Ortiz, sorprendido. "Pero ya he visto que los jueces nunca van a reconocer que se han equivocado". Quiere escribir un libro para contar su historia procesal y penitenciaria, que, como el Joseph K de Kafka, no comprende. El jueves pasado salió de la cárcel. Le han concedido el tercer grado, pero ha pasado tres años presos por dos atracos a punta de navaja y todavía le quedan cuatro de condena. La única prueba en su contra fue que dos víctimas le habían señalado como culpable en una fase inicial de la investigación: una se retractó antes del juicio e identificó al verdadero culpable ante la policía, pero los juzgados se equivocaron y mandaron la diligencia a un procedimiento que no era el de Jorge; la otra también dijo que creía que no era él.

Nada de esto importó. Fue condenado y a una de las víctimas del atraco la procesaron por falso testimonio. Fue absuelta después, pero ni la Audiencia Provincial, ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional enmendaron el error por una aplicación muy restrictiva de la ley; y el Gobierno le denegó el indulto el pasado mes de octubre. A los ojos de la justicia, aunque de forma incomprensible para cualquier ciudadano, sigue siendo culpable.

Jorge tiene ahora 39 años. Un día de febrero de 2004 se encontró con un amigo por la calle. "Me dijo que unos policías me estaban buscando por unos atracos, pero, como no había hecho nada, no le di importancia", recuerda. Pero los agentes fueron a buscarle el 1 de marzo. Pasó tres días en el calabozo mientras intentaban que confesara. Se habían producido varios robos a punta de navaja en locales comerciales de la zona de La Arena, en Gijón, y necesitaban un culpable.

Él aparecía en los archivos policiales porque había tenido, de joven, algún problema con la justicia y, sobre todo, con las drogas. Nunca había cometido un delito violento. En febrero de 2004 estaba en tratamiento de deshabituación con metadona y había trabajado unos meses en el Ayuntamiento. La policía mostró su foto a cinco víctimas, que lo identificaron "sin ningún género de dudas". Pero sí tenían dudas porque tres de ellas no lo señalaron después en las ruedas de reconocimiento. Dos sí lo hicieron (se retractaron con posterioridad), y se abrió el procedimiento penal en su contra. Lo metieron en prisión preventiva. "Esto ya da qué pensar sobre la actuación de la policía", dice su abogado, Guillermo Calvo. Una de las víctimas dijo que los agentes le habían dicho que Jorge había reconocido el delito.

Los atracos continuaron a pesar de que Jorge estaba en la cárcel, lo que hizo sospechar a la policía que el culpable era otro. Acabaron dando con él: Miguel Robles, algo mayor que Jorge y sin antecedentes penales. Fue condenado por 24 atracos a mano armada. Cuando lo detuvieron, los agentes fueron a mostrar la foto a las dos testigos del caso de Jorge: Ana Yolanda E. R. y Verónica C. S., a la que no encontraron porque se había ido a vivir a Castellón. Ana Yolanda vio la foto y dijo estar segura de que Miguel era el ladrón. Se había equivocado con Jorge.

La policía envió la diligencia a los juzgados, pero allí cometieron un error: mandaron el oficio sólo al procedimiento contra Robles y jamás llegó al de Jorge, y el juicio en su contra se celebró. "Cuando llegué al juzgado me encontré con Ana Yolanda, que me dijo que qué estaba haciendo allí, que ella ya había dicho que no era yo", relata Jorge. "Yo me eché a llorar. La otra mujer también me dijo que creía que no era yo. Pensé que se iba a arreglar todo".

No fue así. Al juez, que no había recibido ningún oficio de la policía, le sonó a chino la historia de Ana Yolanda. La otra víctima dijo que el atracador no tenía la enorme cicatriz en la nariz que veía en el rostro de Jorge. "La tiene desde pequeño porque le mordió un perro", recuerda la madre, que acompaña a Jorge en la entrevista. El fiscal pidió que se actuara contra las dos mujeres porque creía que mentían. Otro de los testigos dijo que la policía "tenía interés en atribuir el robo a Jorge". A pesar de todo, el juez lo condenó a siete años de cárcel -en contra del principio in dubio pro reo- y Ana Yolanda fue procesada por falso testimonio. La otra se salvó porque sólo había expuesto sus dudas.

Ana Yolanda intentó ayudar al abogado a sacar a Jorge de la cárcel. Encontraron el dichoso oficio de la policía y a ella la absolvieron del falso testimonio. Empezó entonces un largo camino de recursos que acabaron en nada. La Audiencia Provincial ni siquiera admitió como prueba la diligencia policial argumentando que lo que decía la víctima no era nuevo; que ya lo había dicho en el juicio. Se recurrió en amparo ante el Constitucional, que no admitió a trámite el recurso por "carecer manifiestamente de contenido". El fiscal recurrió esta decisión, pero no tuvo éxito.

El caso llegó después al Supremo en forma de recurso de revisión, que exige, para revocar sentencias firmes, que haya hecho nuevos que evidencien la inocencia del condenado. El hecho nuevo alegado era la sentencia absolutoria de Ana Yolanda en el proceso por falso testimonio, en el que quedaba acreditada toda la absurda historia, pero el Supremo no estuvo de acuerdo. La justicia cerraba sus puertas.

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La última esperanza de Jorge Ortiz era el indulto que, si bien su inocencia, lo sacaría de la cárcel. El caso era tan absurdo que la Audiencia Provincial aceptó suspenderle la condena mientras se decidía la medida de gracia del Gobierno. Pero esta vez también le dieron un no. El Ministerio de Justicia ha declinado dar explicaciones al respecto; un portavoz explicó a este periódico que no se comentaba la política de indultos. En octubre, después de la denegación del indulto, volvió a la cárcel.

Mientras tanto, Miguel Robles, condenado por 24 atracos, lleva ya varios años libre. Le impusieron uno de prisión por cada robo, pero como sólo se cumple hasta el triple de la mayor de las condenas que se imponen, sólo cumplió tres. "Él está tan tranquilo y yo aquí, pagando por lo que no he hecho", se queja Jorge.

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