El juez, imputado por cohecho y prevaricación, está suspendido desde julio

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Las acusaciones contra el juez Francisco de Urquía, imputado por cohecho y prevaricación en una pieza separada del proceso por corrupción conocido como caso Malaya, se van conociendo con cuentagotas.

En las últimas diligencias de la investigación sobre las que se ha levantado el secreto, el fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero sostiene que el presunto cerebro de la trama de corrupción y ex asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Marbella, Juan Antonio Roca, pagó 63.000 euros de la vivienda del magistrado, con el que mantenía una "estrecha relación de amistad".

El informe policial proponía la detención de Urquía, aunque finalmente el juez Miguel Ángel Torres acordó desglosar el caso y dejarlo en manos de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la competente para entender una causa en la que está implicado un juez.

El fiscal justifica esa relación de amistad asegurando que el juez, apartado de la carrera judicial desde julio, asesoró a Roca en temas judiciales y relaciona una de sus decisiones, concretamente la suspensión cautelar de un programa de televisión de Cristóbal Toro en el que se hablaba del patrimonio del ex asesor de Urbanismo, con el pago de 63.000 euros por parte de Roca. Según la investigación policial, el dinero se entregó como parte del pago de la actual vivienda del juez, situada en la urbanización marbellí Azalea Beach.

El fiscal incide en que Roca negoció las condiciones de compra del actual domicilio de Francisco de Urquía e incluso redactó el contrato, documento que la policía encontró en uno de los despachos del ex asesor de Urbanismo. La transacción se hizo según las instrucciones que Roca dio en una conversación telefónica intervenida el 17 de marzo de 2006. El precio de venta final era de 423.000 euros, pero se escrituró en 360.000. Según los investigadores, los 63.000 euros restantes los entregó Roca a nombre del juez.

Las imputaciones se basan en una serie de conversaciones telefónicas que Roca mantuvo con otras personas, como el vendedor de la casa o un amigo que supuestamente tenía en común con el juez Urquía. Los investigadores les han dado contenido cotejándolas con apuntes de la contabilidad del ex asesor de Urbanismo y documentos incautados durante los registros. La policía reclamó en su informe al juez que, además de ordenar la detención de Urquía, citara como imputados al propietario de la vivienda, José María del Pino, y a la secretaria del juez suspendido, María José Lovera.

"Una vez más se pone de manifiesto el despliegue delictivo de la estructura criminal de Juan Antonio Roca", consideran los investigadores policiales en uno de sus informes. "En esta ocasión, se da una vuelta de tuerca más y se detecta una clara penetración (presuntos pagos a una autoridad judicial a cambio de resoluciones favorables) en un órgano jurisdiccional, cuestión básica pues ataca a un pilar básico y esencial del estado de Derecho", añaden.

El juez Urquía ha acudido en dos ocasiones a declarar ante la sala del TSJA que instruye su caso. El pasado 8 de octubre el padre del juez suspendido presentó documentación con la que se pretende justificar los pagos de la entrada de la vivienda, situada en una de las zonas más lujosas de Marbella. El padre del juez declaró como testigo a petición de su hijo.

También acudieron a declarar la esposa del juez imputado y el responsable de una sucursal bancaria, quienes explicaron al instructor de dónde procedía el dinero utilizado para los pagos hipotecarios de la vivienda comprada por Urquía.