La principal organización gremial de jueces de Chile pidió hoy por primera vez perdón por sus "acciones y omisiones" durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), en medio del debate generado por la próxima conmemoración del 40 aniversario del golpe de Estado.

"El Poder Judicial y, en especial, la Corte Suprema de la época, claudicaron en su labor esencial de tutelar los derechos fundamentales y proteger a quienes fueron víctimas del abuso estatal", señaló en un comunicado la Asociación de Magistrados del Poder Judicial.

Este gesto se suma a distintas declaraciones de condena a las violaciones de derechos humanos y a peticiones de perdón hechas por políticos de derecha, como el ministro del Interior Andrés Chadwick o el senador Hernán Larraín, que fueron partidarios del régimen.

"Nuestra judicatura incurrió en acciones y omisiones impropias de su función, al haberse negado, salvo aisladas pero valiosas excepciones que nos honran, a prestar protección a quienes reclamaron una y otra vez su intervención", indicaron los magistrados.

La Asociación recalcó que "el Poder Judicial pudo y debió hacer mucho más", y puso como ejemplo el rechazo de miles de recursos de amparo en los tribunales, la negativa sistemática a investigar los hechos y la renuencia a acudir personalmente a centros de detención y tortura.

"Estimamos que ha llegado la hora de pedir perdón", declaró la Asociación, que invitó a la Corte Suprema a realizar también una autocrítica por sus actuaciones y omisiones y por no dispensar a las víctimas "la protección jurisdiccional que tanto le fue reclamada".

Durante la dictadura, unas 3.200 personas fallecieron y 38.000 sufrieron prisión política o tortura.

El régimen militar, que se prolongó por 17 años, contó no solo con el apoyo de las Fuerzas Armadas sino también con la anuencia de influyentes sectores civiles, entre ellos el Poder Judicial, poderosos grupos empresariales y varios medios de comunicación.