Carlos Castresana (Madrid, 1957), el iniciador, como fiscal, del caso Pinochet y del proceso contra los militares argentinos, es un referente de la justicia internacional. Asimismo magistrado y juez, dirige desde el 2007, por encargo de la ONU, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

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- El intento de procesar en España al ex ministro de Defensa israelí, Beniamin Ben Eliezer, y varios oficiales por un bombardeo en Gaza en el 2002 fue detenido por el Gobierno impulsando en el Congreso una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ayer fue aprobada por el Senado. ¿Qué le parece?
- Pues muy mal. Primero, porque se está produciendo una reforma que yo creo que no es procedente ni necesaria, y luego porque se está haciendo con una técnica legislativa, hasta donde se me alcanza, muy defectuosa. La cuestión fundamental es: España ha sido pionera, desde 1996, en que la Unión Progresista de Fiscales denunció, primero a la junta militar argentina y después a la junta militar chilena y abrimos lo que se conoce como el caso Pinochet. Eso fue un precedente no sólo de justicia sino de esperanza para millones de personas en todo el mundo. Eso hoy tiene marchamo español. Me parece que, políticamente, destruir ese haber de la jurisdicción española es destruir la única aportación significativa que hemos hecho a la jurisdicción internacional practicamente en toda la historia, desde la Inquisición quizá, que también fue un referente español muy mencionado. Hemos hecho un aporte y primero debería ser valorado en España al menos tanto como lo es fuera de España. Desgraciadamente, nunca ha sido tomado en cuenta desde su vertiente positiva, siempre ha sido considerado desde los inconvenientes político-económico-diplomáticos que puede suscitar. Lo que se hace ahora es reformar la ley destruyendo la jurisdicción universal y violando los compromisos contraídos por España, que es lo peor que se podría hacer.

- ¿Qué compromisos?
- Los tratados que España tiene suscritos. La jurisdicción universal no es lo que España decida que es, es lo que derecho internacional decide que es. España firma el convenio contra el genocidio, firma el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y muchos otros convenios que protegen a los ciudadanos y persiguen los crímenes internacionales con jurisdicción universal desde las convenciones de Ginebra, la convención contra la tortura... España tiene que hacer honor a esos compromisos. No hay que incurrir en excesos pero tampoco quedarse a mitad de camino... Si ahora la jurisdicción universal en nuestro país se reduce a las víctimas españolas significa que la jurisdicción universal se deroga, lo cual es un disparate. Porque todos podemos entender que haya que limitar el ejercicio de la jurisdicción por razones prácticas derivadas de imperativos políticos, pero entonces póngase un filtro de discrecionalidad política, lo mismo que existe en materia de extradición y que sea el Gobierno el que asuma el coste de decir que a los responsables del genocido del Tibet no se les persigue porque este Gobierno decide que ese procedimiento no debe continuar. O hágase lo propio con el caso de los mandatarios israelíes, pero es una decisión política que debe estar en sede política, no les hagamos a los jueces hacer aquello que no les corresponde. Que cada cual haga lo suyo: el juez aplica la ley, el gobierno hace política.

"España puede modular políticamente el ejercicio de la jurisdicción, lo cual cualquier persona sensata entiende que puede ser necesario o razonable y al mismo tiempo puede tener una actitud proactiva en la Corte Penal Internacional y en los foros internacionales promoviendo otras iniciativas y procurando extender el ejercicio de la jurisdicción universal para que efectivamente sea universal y todos los países con condiciones para dar asistencia a las víctimas hagan aquello que han prometido cumplir en los tratados. Pero en vez de hacer eso nos salimos, y en condiciones que me parecen penosas, y que destruyen precedentes de los que cualquier español podría sentirse razonablemente orgulloso. Nos vuelven a llevar al rincón de la historia después de que fuimos nosotros los que sacamos el derecho de Nuremberg del congelador y lo pusimos en aplicación 50 años después.

"En fin. Podemos entender sus razones, pero hay cauces que, salvando los principios, permiten soluciones prácticas que sean acordes con el derecho internacional y que no constituyan violaciones de los compromisos y menos aún pasos atrás en las conquistas que han costado un enorme esfuerzo y el sufrimiento de millones de víctimas.

- ¿No es cierto que a fin de cuentas a quien se acaba procesando en La Haya es al paria, léase el presidente sudanés, o a los derrotados de la antigua Yugoslavia, sin pasar de cierto nivel?
- Sí se pasa de cierto nivel, pero no se puede estar en la azotea sin pasar por el primer piso y el segundo. Hay que ser realistas, posibilistas, y entender que esto es una evolución que tiene pasos necesarios e imprescindibles. Partimos en 1945 de la justicia de los vencedores, que de todas maneras fue justicia, no creo que nadie lo discuta, aunque hubo crímenes en el otro bando. que nunca fueron juzgados y eran al menos tan merecedores de reproche penal como los de los vencidos. Pero fue un primer paso y ha tenido continuidad. A menudo se olvida que en el caso Pinochet se procesó y se encarceló a alguien que no había sido previamente derrotado, ni militar ni políticamente. Eso permitió después que el procesamiento y condena de Fujimori fuera mucho más fácil. Se van dando pasos y hay que tener paciencia. Juzgar a las potencias del primer mundo por bombardeos es todavía una ficción, pero se llegará si somos capaces de ir consolidando los escalones que hemos conseguido subir.

- Usted debe tener en mente algún que otro personaje al que se debería llevar a los tribunales...
- Sí. Pero la cuestión es esa. Después del 11-S las condiciones para la justicia universal en el 2002, 2003 y 2004 fueron malísimas. Hoy estamos un poquito mejor. La cuestión, por ejemplo para la Corte Penal Internacional, hay que ser paciente pero pedir resultados. Sí si puede y sí se va a hacer. El estatuto de Roma, una herramienta casi sin estrenar, tiene todavía un potencial que tenemos que ver en acción en los próximos años.