Un bombero, un policía o un piloto, para poder serlo tienen que demostrar que están en sus cabales, en pleno uso de sus facultades mentales. Tienen que pasar pruebas psicotécnicas y de personalidad. Un juez, el encargado de decidir si alguien debe pasar 35 años en la cárcel, no. Tampoco va a ser evaluado durante sus años de ejercicio profesional. ¿Y si sufre depresiones severas, tiene un trastorno bipolar o esquizofrenia? El procedimiento para jubilar a los jueces por incapacidad es lento y complicado. La comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, encargada de sancionar a los magistrados, acaba de alertar de una realidad conocida en la judicatura: hay jueces con graves problemas de salud mental que continúan en sus puestos de trabajo y toman decisiones sobre la vida de los ciudadanos.

El caso del juez de familia Fernando Ferrín Calamita, recientemente suspendido de su cargo y sancionado por denigrar a los homosexuales en sus resoluciones, ha puesto de nuevo sobre la mesa la necesidad de hacer normas específicas para afrontar este problema. Ferrín ha reconocido que sufre una "depresión reactiva en fase aguda" y que, al menos desde 1995, padece de "distimia", una alteración del estado anímico, y de "estrés laboral". Sus problemas de salud mental duran ya más de 12 años, pero sólo en 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, decidió practicarle un examen médico para decidir sobre su jubilación por incapacidad. El procedimiento aún no ha concluido.

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¿Cuál es el problema? ¿Por qué se deja durante años actuar a un juez claramente incapaz de ejercer su función? Una de las razones principales parece ser económica. Los jueces se oponen a ser incapacitados porque la reducción del sueldo es muy notable. "Casi el 60% del salario son complementos y eso no se tiene en cuenta a la hora de la pensión, por lo que los jueces jubilados pasan a cobrar menos de la mitad", explica Lorenzo del Río, portavoz de la asociación moderada Francisco de Vitoria. "Por eso, a diferencia de otras profesiones, los miembros de la carrera judicial rechazan sistemáticamente la jubilación ante los tribunales médicos", añade el vocal progresista del Poder Judicial, Javier Martínez Lázaro.

Otro problema es que no hay reglas especiales para jueces y magistrados, que están sujetos a las mismas normas que el resto de funcionarios. "No tienen unas causas de incapacidad específicas distintas de las de otros funcionarios", explica Martínez Lázaro.

Pero el trabajo que desempeñan es muy diferente. Hay patologías que en otras profesiones no incapacitarían a la persona pero que impiden ejercer la función jurisdiccional. El trabajo de un juez se basa en la argumentación, en la razón, y cuando están en órganos unipersonales la responsabilidad total y absoluta recae sobre ellos. Pero los médicos que evalúan la incapacidad no son siempre conscientes de este hecho diferencial.

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"Hay jueces que tienen problemas para tomar decisiones, son dubitativos y no ponen sentencias", señala Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria. "Podrían, a lo mejor, hacer algún trabajo de apoyo, pero no estar al frente de un juzgado. Quizá para estos casos u otros que no sean muy graves podría hablarse de una incapacidad parcial y destinos de segunda. Es verdad que hay una laguna en la regulación que hay que definir".

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Mientras tanto, no es frecuente, pero sí posible, que los ciudadanos se encuentren a un juez depresivo, con ansiedad, que argumenta de forma absurda sus sentencias o que tarda tres años en ponerlas. Son casos contados, pero con una enorme trascendencia. Porque cada juez ejerce, por sí solo y de forma independiente, uno de los tres poderes del Estado. El de impartir justicia.