Un informe independiente redactado por más de 50 expertos de todo el mundo dice que China ha violado los cinco actos que componen la declaración de genocidio de la ONU

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La Convención sobre el Genocidio aparece en el artículo II de la Resolución 260 de las Naciones Unidas. Establece que se trata de una serie de actos que se cometen con la intención de "destruir, total o parcialmente, un grupo nacional, étnico, racial o religioso".

La Asamblea General de la ONU aprobó esta definición en diciembre de 1948. Fue firmada por 152 países. Todos reconocieron que se cometía un genocidio si se violaban cinco actos: matar a miembros del grupo; causar daños físicos o mentales graves a los miembros del grupo; infligir deliberadamente al grupo condiciones de vida calculadas para provocar su destrucción física total o parcial; imponer medidas destinadas a prevenir los nacimientos dentro del grupo; y trasladar por la fuerza a los niños del grupo a otro grupo.

Desde que la convención introdujo la definición, en los Tribunales Penales Internacionales de la ONU se han condenado por estos actos a líderes de Ruanda o de la antigua Yugoslavia. Antes de dictar sentencia en los tribunales, se requiere una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que se compone de 15 miembros, cinco de ellos, con el rango de miembros permanentes, tienen derecho a veto.

China, la protagonista de esta historia, es uno de los países signatarios de la Convención sobre Genocidio. También es miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Y, de todos los países que lo integran, es el único que está recibiendo acusaciones de genocidio por su represión en la región de Xinjiang, al norte del país asiático.

Anoche se publicó un informe independiente redactado por más de 50 expertos de todo el mundo que dice que China ha violado los cinco actos que componen la declaración de genocidio de la ONU. "El Gobierno chino asume la responsabilidad estatal de un genocidio en curso contra los uigures", sintetiza el informe de 55 páginas con el sello del Newlines Institute for Strategy and Policy, con sede en Washington.

El reporte se centra en lo que está ocurriendo en Xinjiang con la minoría musulmana uigur. Campos de internamiento, torturas, trabajo forzado, esterilización forzada, niños separados de sus familias, destrucción de mezquitas... Unas conclusiones que se basan en miles de testimonios de testigos exiliados uigures y en documentos oficiales del gobierno chino que fueron filtrados a medios de comunicación. "Hay una evidencia abrumadora para apoyar la alegación de genocidio", asegura uno de los coautores del informe, Azeem Ibrahim, asesor político en varias organizaciones internacionales.

"La intención de destruir a los uigures como grupo se deriva de pruebas objetivas, que consisten en políticas y prácticas estatales integrales, que el presidente Xi Jinping, la máxima autoridad en China, puso en marcha", se puede leer en unas páginas que cifran en 1.400 los centros de internamiento extrajudiciales que hay en Xinjiang. "Los detenidos uigures dentro de los campos de internamiento están privados de sus necesidades humanas básicas, gravemente humillados y sometidos a tratos o castigos inhumanos, incluido el confinamiento solitario sin comida durante períodos prolongados".

En abril de 2014, el presidente chino visitó Xinjiang semanas después de que un grupo de terroristas uigures atentaran con cuchillos en una estación de tren, asesinando a 31 personas y dejando 140 heridos. Un mes después de la visita de Xi Jinping, hubo otro ataque, esta vez con explosivos, en un mercado de verduras, en el que murieron 31 personas. Entonces, el presidente pronunció una serie de discursos privados ante los funcionarios que son, según una serie de documentos obtenidos el año pasado por el 'New York Times', el origen de la represión actual que se ejerce contra las minorías musulmanas.

"Los métodos que nuestros camaradas tienen mano son demasiado primitivos. Ninguna de estas armas es una respuesta para sus grandes cuchillas de machete, hachas y armas de acero frío. Debemos ser tan duros como ellos y no mostrar absolutamente ninguna piedad", aseguró Xi.

Después se abrieron los llamados en China "centros de educación" bajo la premisa de luchar contra el extremismo. Desde Pekín mantienen que son centros de formación profesional, destinados a ayudar a la población a encontrar un empleo y así alejarlos del extremismo religioso. No ha vuelvo a haber un atentado en Xinjiang desde 2015. Pero numerosas investigaciones internacionales han podido documentar que lo que hay en la región son campos forzados de internamiento donde han acabado más de un millón de uigures.

El informe publicado ayer sube esa cifra a los dos millones de uigures y otras minorías musulmanas que han sido "colocados en una red extensa de centros de detención en toda la región", donde los ex detenidos alegan que fueron sometidos a "adoctrinamiento y abusos sexuales". Y continúa detallando: "Sentencias de muerte selectivas, tortura sistémica, separación familiar, transferencia masiva de mano de obra y traslado de niños uigur a orfanatos e internados estatales".

El informe responsabiliza la caída de la natalidad en la región -un 33% entre 2017 y 2018- a los programas de esterilizaciones y abortos del Gobierno chino. Al igual que señala que las autoridades están "forzando la pérdida de la identidad uigur" retirando los libros relacionados con la historia y cultura de la etnia en las escuelas. "En 20 años se considerará uno de los grandes actos de destrucción cultural", dice Rian Thum, historiador de la Universidad de Manchester y también coautor del informe.

Para el Partido Comunista Chino (PCCh) no existen pruebas de esos supuestos abusos contra la minoría musulmana. Cada pocas semanas, algún portavoz del Gobierno lo desmiente en una rueda de prensa. El lunes, fue el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, quien aseguró que las acusaciones de genocidio en Xinjiang eran "absurdas, rumores fabricados con motivos ocultos y una mentira total".

Pero el reciente informe no es el primero que define como genocidio lo que ocurre en la región. A mediados de febrero, el Parlamento de Países Bajos aprobó una moción no vinculante que dice que el tratamiento de la minoría musulmana uigur en China "equivale a un genocidio". Fue la primera medida similar tomada por parte de un país europeo. Días después, fue Canadá quien aprobó otra resolución no vinculante que también etiqueta como genocidio la represión de China contra los uigures.

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