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El 13 de marzo de 2007, la Guardia Civil de Navarra terminó una investigación cuyo resultado fue la "liberación" de 91 trabajadores que vivían en condiciones inhumanas, alojados en inmuebles cochambrosos que carecían de luz y agua corriente, sometidos a unas penosas condiciones de trabajo donde la violencia física era moneda de uso corriente. El mismo delegado del Gobierno en Navarra, Vicente Ripa, calificó aquellos hechos como "una forma de esclavitud en pleno siglo XXI". El suceso tenía una singularidad: aquellos esclavos eran ciudadanos de la Unión Europea. Portugueses.
La explotación de estos hombres tenía una sutileza que explica de qué modo algunas prácticas de explotación pueden llegar tan lejos. Los patronos, igualmente portugueses, reclutaban a sus compatriotas entre gente desarraigada, analfabeta, drogadicta, de las regiones más deprimidas de Portugal, gente indefensa que aceptaba un sometimiento de este tipo a cambio de poca cosa, gente que vivía en las proximidades de estaciones de autobuses, barrios marginales o albergues para indigentes.
El suceso, sin embargo, no ha sido un hecho aislado. Desde marzo de 2005, la Guardia Civil ha venido desempeñando diferentes actuaciones en los alrededores de la Ribera navarra. Durante dos años se han efectuado hasta ocho operaciones, de diferente magnitud, que respondían a un mismo hecho delictivo: una red de patronos sin escrúpulos colocaban a sus trabajadores entre agricultores y empresas para tareas del campo. El modus operandi era muy sencillo: los patronos vendían el trabajo por cantidades que se aproximaban a los seis euros por hora y trabajador, según las necesidades del contratante, lo cual podía significar jornadas de 14 horas o sin descanso en fines de semana. No había límites en la prestación de servicios. El pago se hacía en efectivo, en talones al portador o, en menor medida, en talones nominativos. En todos esos casos, el patrono se cuidaba de que el dinero no llegara al trabajador, salvo una pequeña parte: se le acompañaba al banco a cobrar o se le hacía firmar una autorización en el reverso del cheque para que lo pudiera cobrar una tercera persona. La Guardia Civil llegó a documentar que, si acaso, había hombres que percibían dos euros por hora de trabajo porque se les descontaba de su salario la comida, el alojamiento y hasta el tabaco. La red de patronos se movió en tiempos por Lérida y La Rioja hasta establecerse en Navarra.
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