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Durante muchos años, el Estado franquista, mediante el decreto de Redención de Penas por el Trabajo, se apropió hasta del 75% del salario que percibían aquellos presos. Algunos historiadores utilizan el concepto de "esclavos" para referirse a este contingente de presos trabajadores, ya que las facilidades para su trabajo fueron casi inexistentes y mínimas sus percepciones salariales, sus derechos, condiciones sanitarias y de alimentación.
El concepto de "esclavos" para denominar los presos utilizados como fuerza laboral de empresas públicas y privadas surgió en Alemania y Austria, lo que dio lugar, en aquellos países, a compensaciones morales e indemnizaciones económicas. También en Japón se conceptuó como "esclavas sexuales" a mujeres violentadas por el Ejército del Imperio. En España, este periodo dramático y abyecto de la historia ha permanecido hasta ahora en penumbras. Desde hace unos pocos años, algunos historiadores trabajan para recuperar la memoria, y algunas instituciones sociales y cívicas persiguen que se reconozca la deuda moral y económica contraída por la sociedad.
El número de presos políticos del franquismo es todavía una cifra por concretar, aunque la mayoría de los historiadores coincide en que ronda los 280.000 inmediatamente después de la guerra civil. El catedrático de la Universidad de Sevilla Antonio Miguel Bernal evalúa la cifra en torno a un diez por ciento de la población activa española. "Téngase en cuenta que en su gran mayoría, esos presos se hallaban entre los 20 y los 40 años de edad", dice Bernal a "La Vanguardia".
Los sistemas del régimen de Franco para usar esta fuerza de trabajo tan barata fueron varios. En plena Guerra Civil, en mayo de 1937, se publica un decreto por el que se reconoce el "derecho al trabajo" de los prisioneros de guerra, que son utilizados en obras en su mayoría de carácter militar. Más tarde, en octubre de 1938, se publica el decreto sobre Redención de Penas por Trabajo, por el que se crea el Patronato, conocido entre los presos por "el latronato", dependiente del Ministerio de Justicia. El decreto autorizaba el arrendamiento de los presos a empresas privadas que precisaban mano de obra con urgencia. El preso redimía un día o más, según las condiciones, por día trabajado.
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Los presos políticos trabajaron en aeropuertos (Sondica, Gando, Lavacolla), tendidos ferroviarios (Madrid-Burgos), puertos, túneles (Vielha), carreteras, canales de irrigación, marismas y pantanos. O en nuevas cárceles, como Carabanchel. Pero también lo hicieron en obras de la Iglesia, como en la catedral de Vic, las escolapias de Bujalance (Córdoba), las Madres Adoratrices, de Valladolid o el obispado de Orense. El novelista gallego Daniel Sueiro publicó, en 1976, un documentado libro sobre el trabajo de 20.000 presos políticos en el Valle de los Caídos, entre los cuales se hallaban el dramaturgo Buero Vallejo, el actor Paco Rabal, el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, que protagonizaría una sonada fuga, o el abogado Gregorio Peces Barba.
El salario del preso se estableció en 2 pesetas por día de trabajo. El salario medio de un peón entonces estaba entre 12 y 14 pesetas/día. El penado sólo recibía 50 céntimos, quedándose el Estado el resto para "manutención". Si el preso estaba casado por la Iglesia (algo no muy corriente entre la población penitenciaria), la esposa recibía 2 pesetas y una peseta por cada hijo menor de 15 años, siempre que estuviera bautizado. Los 50 céntimos que recibía el penado se ingresaban en una cartilla de ahorro controlada que, en muchos casos, el preso no podía disponer sin previa autorización.
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