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En total, se realizaron 87 operaciones de liberación de "esclavos modernos" en diversas propiedades rurales de todo el territorio brasileño, en las que los inspectores encontraron a los trabajadores en alojamientos "sin la mínima higiene ni confort" y en condiciones de trabajo degradantes.
Según señaló el ministerio, los problemas más recurrentes eran la falta del uso de equipamientos de seguridad, la carga horaria excesiva y el descuento del salario del trabajador de gastos de alimentación, medicinas, alojamiento, seguridad y otras necesidades básicas que por ley deben correr a cargo del empleador.
De este modo, las deudas del peón con el patrón aumentaban cada mes, por lo que el trabajador acaba sometido al estatus de "servidumbre", teniendo que trabajar sólo para cancelar esa "deuda infinita".
La deuda de los obreros puede contraerse desde antes del inicio del trabajo, puesto que es una práctica habitual que los jefes paguen el viaje de los obreros desde sus localidades de origen hasta las haciendas, obligándoles después a pagar con su trabajo para compensarles por este gasto.
Desde 1995, año
en el que fue creado el Grupo Especial de Inspección Móvil,
del ministerio de Trabajo, que actúa en colaboración con
la Policía Federal, se han rescatado a 31.233 esclavos.