En junio de 1996, Grace, una empleada doméstica, fue una de las primeras mujeres en denunciar la esclavitud moderna en España. En una carta a la embajada de Filipinas, Grace describió su situación: "Escribo esta carta para informarles de mi situación y condiciones laborales y para pedir su ayuda. Mi empresario ha confiscado mi pasaporte y toda la documentación complementaria. Durante 3 meses he trabajado sin tan siquiera recibir salario o compensación alguna. Nunca he tenido un día libre. Trabajo desde 7 de la mañana a 11 de la noche sin descansar. No se me permite usar el teléfono o recibir correspondencia de mi familia. Me encierran en la casa cuando salen. Desconozco si mi empresario cotiza por mí a la Seguridad Social. Los niños a los que cuido me dan patadas y golpes y me tiran del pelo. Por todas estas circunstancias y problemas, les ruego que me ayuden".

La esclavitud existe, no sólo en algún remoto rincón del mundo, sino ante nuestro mismo portal. En nuestra época, una persona en situación de esclavitud no arrastra cadenas y no es vendida en el mercado; es más probable que se trate de un trabajador inmigrado, sin documentación ni protección, aislado salvo del contacto con las personas que le explotan en su trabajo. Desde 1997 he tenido ocasión de trabajar directamente con mujeres jóvenes y muchachas llegadas a Europa como empleadas domésticas con la esperanza de ganar dinero para ayudar a sus familias. Explican historias de malos tratos y confinamiento, trabajo duro e interminable, malnutrición, violación y en algunos contados casos, aun tortura. Hoy deben reconstruir su vida entera, si bien muy callada y discretamente, como si fueran sombras temerosas de verse descubiertas.

Varios criterios concurren y sirven para detectar tales situaciones extremas de maltrato relativo a trabajadores inmigrados. Los enumero. Confinamiento: son personas totalmente dependientes de sus explotadores; la mayoría relata golpes y amenazas y no se les permite abandonar el lugar de trabajo si no son acompañadas. Confiscación de pasaportes: los empresarios les roban literalmente la identidad. Condiciones laborales contrarias a la dignidad: malnutridos y bajo un exceso de trabajo; muchas mujeres se han visto sometidas a graves malos tratos físicos y ataques sexuales. Aislamiento y ruptura de lazos familiares: suelen tener un escaso dominio del lenguaje y los empresarios les impiden hablar con extraños.

La investigación inicial llevada a cabo hace dos años en España con trabajadores inmigrados, ONG, sindicatos y los ministerios de Asuntos Sociales, Interior y Justicia, mos-tró que había conocimiento de tales situaciones. Aunque estos casos de esclavitud parecen ser casos aislados en un principio, la investigación ha revelado que la esclavitud moderna ha estado presente en España desde hace ya algunos años. Asociaciones como Comrade, Atime y Vomade, que trabajan con comunidades de inmigrantes, añadieron que en estos casos no se han registrado quejas o denuncias formales a las autoridades. El miedo a las represalias sobre las víctimas o sus familias, el temor al despido o a la deportación fuera de España constituyen obstáculos que disuaden a los emigrantes de denunciar tales situaciones.

No es un hecho infrecuente que en la mayoría de casos de moderna esclavitud se añada el abuso financiero en forma de deuda. El coste de los viajes desde Latinoamérica, Asia o África para trabajar puede ser muy alto al principio, y los inmigrantes incurren en importantes deudas para poder pagar sus pasajes a Europa. Muchas veces piden prestado a intermediarios no oficiales o a acreedores. A su llegada a España, una deuda que puede ir hasta los 3.000 dólares, fijada a una tasa de interés del 20% al 30% mensual, mantiene a los trabajadores en una situación de dependencia de estos intermediarios. Sin posibilidad alguna de pagar la acumulación de intereses, pasan varios años -y aún más- hasta que pueden saldar la deuda original.

Aumenta además el número de intermediarios y de agencias ilegales que actúan como mediadores sin escrúpulos a la caza de beneficios fáciles. Quiero destacar aquí que el programa global de la ONU contra el tráfico de personas, lanzado en 1999, se propone afrontar la cuestión del crimen organizado y su papel en la explotación de los inmigrantes en el trabajo. La Brigada Central de Extranjeros de Madrid, que investiga delitos en relación con ciudadanos que no son del país, confirma que todas las víctimas del tráfico son inmigrantes sin papeles y con edades comprendidas entre 18 y 40 años de edad. Muchos han abandonado sus países de origen por las difíciles condiciones socioeconómicas, atraídos a las redes de tráfico por falsas promesas de encontrar trabajo. Casi todos han sido objeto de violencia, ya sea verbal o física, y/o de malos tratos sexuales. En especial en las redes de prostitución, se aportan informes de violencia gratuita y violación para obligar a las mujeres a ejercer la prostitución. Muchas soportarán los malos tratos laborales y de condiciones de vida con la esperanza de alcanzar una independencia económica a largo plazo que les permite enviar dinero a sus familias en su país. El Código Penal contiene previsiones legales contra las situaciones de esclavitud moderna, tráfico y robo (artículos 311, 312 y 313). La policía declara que las víctimas no van a denunciar tales situaciones y no van a presentar denuncias formales, con lo que se imposibilita la persecución de los empresarios que maltratan y de los traficantes.

Al propio tiempo, no existe protección real alguna de los testigos frente a posibles represalias y no hay seguimiento social de parte de las instituciones oficiales. La ayuda personal es indispensable, dado que la víctima tendrá frecuentemente que explicar su experiencia delante de abogados, funcionarios de policía, jueces y asistentes sociales. Puede incluso suceder en algún caso que su sinceridad sea puesta en duda. Una batalla legal de este género es larga, difícil y arriesgada; sin el adecuado soporte moral, las víctimas no podrán salir airosas del caso. A fin de erradicar los casos de esclavitud moderna, debe proveerse de ayuda judicial, social y administrativa a las víctimas. En 1999, Comrade estableció un comité contra la esclavitud moderna con sede en Madrid para afrontar la cuestión. Su propósito es proteger a las víctimas y luchar por sus derechos persiguiendo a los responsables en los tribunales. Pero la tarea es enorme ya que no disponen de grandes recursos, por lo que tal estructura presenta una extrema necesidad de ayuda procedente de abogados voluntarios y de asistentes sociales.
Debe, por tanto, afrontarse el problema con urgencia tanto a escala nacional como internacional y deben fortalecerse los intercambios y las relaciones entre trabajadores inmigrantes, ONG y estructuras sociales y jurídicas sobre la base de la mutua confianza. Si no procedemos todos a emprender una acción conjunta, ello redundará en detrimento de la calidad de vida y de la salud física y mental de las víctimas.