Entreculturas ha presentado esta mañana el informe 'Educación en tiempo de espera. Un derecho vulnerado para millones de personas refugiadas y desplazadas', con motivo del 30 aniversario del Servicio Jesuita a Refugiados, que pone de manifiesto la vulneración del derecho a la educación de millones de personas refugiadas y desplazadas, a pesar del reconocimiento internacional de este derecho. El informe se centra en los casos de Colombia y Sur Sudán, los dos países con el mayor número de población desplazada del mundo, y además se recogen las cifras de desplazados internos y refugiados en el mundo.

El número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo a causa de conflictos y persecuciones es de 43,3 millones, según cifras del año 2009. De estos, aproximadamente 22 millones son niños, niñas y jóvenes menores de 22 años refugiados y desplazados, que representan el 51% del total. De los 43 millones, 15,2 millones son personas refugiadas, 27,1 millones son personas desplazadas dentro de su propio país y cerca de un millón de personas son solicitantes de asilo, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Valeria Méndez de Vigo, responsable del departamento de Estudios e Incidencia de Entreculturas, ha señalado que "pese a que el derecho a la educación está reconocido por la comunidad internacional, éste se vulnera de manera sistemática, habiendo una brecha entre teoría y práctica". Y es que lo cierto es que una gran mayoría de niños y niñas desplazados no recibe educación. Tampoco la población adulta y joven desplazada o refugiada ve satisfecho su acceso a una educación y aprendizaje permanente. Esta vulneración del derecho a la educación dificulta el cumplimiento de otros derechos.

La coordinadora del informe, Valeria Méndez de Vigo, también ha manifestado que "pese a que hay un fuerte anhelo y deseo de retornar a sus hogares, la mayoría de la población refugiada lo estará durante un periodo largo, con una media de 17 años". Este hecho tiene importantes implicaciones para niños, niñas y jóvenes, ya que pasarán su infancia y juventud en campos de refugiados o en asentamientos improvisados. Estos desplazamientos masivos de población implican para millones de niños y niñas una desventaja educativa extrema de cara al futuro.

El informe hace un especial hincapié en el tema de género. En los campos de refugiados es menor el número de niñas que acuden a la escuela que el de niños. Esta diferencia es mayor a medida que aumenta el nivel educativo, de manera que, por lo general, se aprecia un importante descenso en el porcentaje de niñas que participan en niveles superiores de la educación primaria o secundaria.

En educación secundaria, las cifras de desigualdad por razón de género son aún mucho mayores. En este sentido, Leone Lam Ferem, sudanés, refugiado juntamente con toda su familia durante 14 años en Uganda, y en la actualidad director de proyectos de SJR en Lobone (Sur Sudán), ha explicado de primera mano la importancia de la educación de las niñas y jóvenes "ya que las niñas de ahora son las mujeres del futuro. Educar una niña es educar el mundo, y este es nuestro deseo para ser un país fuerte", ha indicado. Además, ha expuesto los beneficios del programa 'Acción Afirmativa' que se lleva a cabo en Lobone y Nimule, en el que "el número de niñas que acaban la secundaria ha incrementado considerablemente en los últimos años gracias a todas las acciones de promoción de la escolarización de las niñas".

Las principales conclusiones del informe inciden en que la educación es un derecho de todas las personas reconocido por la comunidad internacional, que se vulnera; en los casos en los que existe el acceso a la educación, ésta suele darse sólo en las primeras etapas educativas, y la calidad es, en ocasiones, deficiente; la educación es considerada fundamental por las propias personas refugiadas y desplazadas; hay una marcada discriminación en el acceso a la educación de las niñas refugiadas y desplazadas y, sobre todo, un abandono mucho mayor de la escuela.