Educar desde y para la ciudadanía es una necesidad difícilmente cuestionable, tanto desde consideraciones éticas, sociales y políticas, como específicamente educativas. Entre estas últimas, no podemos obviar las dificultades que se están produciendo en los centros educativos en cuanto a su organización democrática, en los que el claro retroceso de la participación se revela como uno de sus indicadores más elocuentes y preocupantes, ni los déficit de formación en derechos humanos que han detectado diferentes estudios, tanto en el profesorado como en el alumnado de Secundaria y universitario.

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La educación para la ciudadanía debe servir antes que nada para reflexionar y sensibilizar sobre la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía democrática en el centro educativo y su entorno, lo que constituye igualmente un criterio metodológico fundamental. Así, el análisis de las formas de convivencia, el respeto a la dignidad humana entre los diferentes sectores de la comunidad educativa, el afrontamiento noviolento de los conflictos, la aceptación de la diversidad y el rechazo de cualquier forma de discriminación, etc., deben estar presentes en todos los cursos. Consecuencia fundamental de este objetivo es la organización democrática del centro escolar. Si queremos que la escuela forme personas democráticas y participativas, ella misma tiene que estar organizada desde estos presupuestos.

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Parece como si el objetivo complejo de formar una ciudadanía respetuosa, activa y solidaria se resolviese únicamente con la introducción de determinados contenidos cognoscitivos. La experiencia enseña que la información es necesaria pero no suficiente. Necesitamos un profesorado que crea y viva los valores en los que se pretende educar, y que, al mismo tiempo, domine determinadas estrategias didácticas de carácter participativo, dialógicas y socioafectivas.

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