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Las organizaciones tradicionales de la izquierda - socialistas, comunistas, anarquistas, etcétera- han solido insistir, desde el siglo XIX, en la "injusticia" que suponen las desigualdades socioeconómicas. La visión dominante fue entender dichas desigualdades como moralmente inaceptables. La alternativa era establecer algún tipo de socialismo, ya fuera por la vía revolucionaria o reformista. Esta última vía - ya defendida por E. Bernstein y otros dirigentes de la Segunda Internacional a principios del siglo XX- fue la que se impuso en las sociedades occidentales, especialmente a partir de la construcción de los estados de bienestar (EB) de la segunda posguerra.

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A partir de los años setenta se irá viendo la necesidad de refinar las consideraciones morales e institucionales sobre la justicia en las democracias. Ello supondrá el paso de la justicia social a la justicia redistributiva. Son varios los factores que han incidido en este cambio. Por un lado, la misma consolidación y crisis posterior de los EB ha planteado la cuestión de "quién paga y quién se beneficia" de la intervención pública (fiscalidad frente a servicios sociales, educación, sanidad, etcétera). Por otro lado, desde esta misma época han proliferado críticas a los EB occidentales (burocratización, ineficiencia, etcétera). Algunas de estas críticas han cuestionado, además, la justicia de la intervención pública realizada: en muchos casos, se dice, penaliza a los ciudadanos que trabajan y pagan impuestos frente a otros socialmente más irresponsables que no trabajan - o trabajan poco- y que se han acostumbrado a vivir de los subsidios públicos. Ello supondría una falta de equidad en el trato de las instituciones con los ciudadanos: el parasitismo social es cualquier cosa menos algo justo. Esta ha sido la línea argumentativa del new right,desarrollado principalmente en EE. UU. y el Reino Unido a partir de los años ochenta. Ante esta ofensiva crítica, los argumentos sociales de la izquierda tradicional, incluida la socialdemocracia, se han visto en dificultades. A partir de ese momento buena parte de la discusión se plantea en términos de "qué desigualdades son legítimas y qué desigualdades no lo son".

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Las desigualdades basadas en las elecciones individuales son legítimas, mientras que las basadas en las circunstancias (de clase, salud...) no lo son. Este tipo de igualitarismo supone un enfoque bastante más sofisticado que los precedentes, si bien no ha estado a su vez exento de críticas, tanto desde la izquierda como desde la derecha. Pero el debate ya no puede ser como antes. Se trata de un cambio teórico que se prolonga hasta la actualidad y que ha transformado la manera de plantear y discutir los temas socioeconómicos en las sociedades democráticas. Para otro tipo de situaciones injustas (relacionadas con la multiculturalidad, el pluralismo nacional, las poblaciones indígenas...), este enfoque no tiene gran cosa que ofrecer. Aquí hay que acudir a otra clase de conceptos y de teorías.