El mayor Estado comunista, que en unos años se convertirá en la primera economía mundial, cuenta finalmente desde ayer con una ley de la propiedad privada. El hecho de que los delegados en la Asamblea Nacional Popular hayan logrado introducir algunas modificaciones al borrador inicial refleja las tensiones que la cuestión provoca entre el ala izquierda del régimen, que considera que China (que oficialmente aún se encuentra en el "primer estadio del socialismo") se está volviendo excesivamente capitalista, y las propuestas más reformistas impulsadas por el presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao, en la línea iniciada por Deng Xiaoping.

Aunque el derecho a la propiedad privada ya se mencionaba en la Constitución de 2004 y se desarrollaba en otras leyes, ahora se ha querido plasmar en un largo y detallado texto único. Está sobre todo dirigido a la pujante clase media del país, que quiere tener garantías sobre sus posesiones, y, a modo de compensación ante las crecientes desigualdades -entre ricos y pobres, campo y ciudad-, al mundo rural, donde la titularidad del suelo es "colectiva". En las ciudades el suelo es del Estado, que otorga derechos de uso de 40 a 70 años a particulares o empresas.

Los individuos privados, dice el texto, siempre que los hayan adquirido de forma legal y documentada, podrán disfrutar del derecho a poseer edificios, ingresos y bienes personales, además de instrumentos y materias primas como medios de producción. Una gran victoria para los reformistas es que se elimina el derecho del Estado a requisar terrenos en posesión de colectivos, que es la forma más habitual entre los campesinos chinos, pues esta manera de actuar ha venido provocando graves levantamientos. Se trata ahora de proteger a los que "utilizan" esas tierras. El texto llega a entrar en detalles como el derecho de los propietarios de apartamentos en las ciudades a la posesión de los aparcamientos en los garajes, algo importante en una sociedad en el que la venta de automóviles se ha disparado. También se introduce el principio de responsabilidad de quienes perjudiquen la propiedad de otros, lo que se piensa que favorecerá el sector de los seguros.

China ha dado un paso importante en sus principios y derechos para seguir desarrollando su economía, sin abrir su sistema político. Es una garantía para los inversores, chinos o extranjeros. Pero aún queda lo más difícil: la aplicación práctica de un sistema judicial fiable y eficaz.