El Gobierno vasco decidió ayer prohibir la manifestación convocada por HB para el próximo sábado en San Sebastián. La resolución del Departamento de Interior apela al artículo 21 de la Constitución, que faculta a la autoridad gubernativa a suspender las manifestaciones en caso de peligro fundado de alteración del orden público.

El Departamento de Atutxa invoca el clima de «crispación» que existe estos días en Euskadi y recuerda que la Ertzaintza ha tenido que intervenir para proteger diversas sedes de HB. En estas circunstancias, Interior considera «muy difícil» evitar que se produzcan «graves incidentes» el próximo sábado, por lo que cautelarmente resuelve denegar el permiso a los organizadores. La resolución asegura expresamente que el Gobierno vasco está dispuesto a reconsiderar su decisión con respecto a otra manifestación convocada para la semana que viene si disminuye el riesgo de enfrentamiento civil.

La fundamentación de la prohibición parece sólida. Ayer mismo y antes de conocerse, grupos de ciudadanos vascos anunciaron que impedirían la circulación de los autobuses de HB, lo que corrobora los temores del Gobierno vasco. Desde luego, la convocatoria radical tiene toda la apariencia de una provocación por cuanto sólo han pasado unos pocos días desde el asesinato del concejal del PP y los ánimos están todavía muy calientes. El Gobierno británico cometió el error de autorizar la pasada semana una manifestación unionista por un barrio católico de Belfast, lo que generó gravísimos incidentes.

Pero lo mismo que hay poderosas razones para prohibir el acto, existen tres argumentos de peso para defender lo contrario. El primero, de orden político, reside en la conveniencia de no alentar el victimismo al que está jugando la coalición abertzale como única vía para intentar darle la vuelta a una situación rotundamente adversa. El segundo, de índole jurídica, se basa en la propia Constitución española, que consagra la libertad de expresión, reunión y manifestación. Y hay, además, otra tercera razón de carácter práctico: la manifestación del sábado sería una ocasión excelente para valorar la capacidad de movilización de HB -sin lugar a dudas, menguante- y compararla con la de las fuerzas democráticas.

Tras el fallo administrativo del Gobierno vasco, corresponde ahora pronunciarse al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que tiene la última palabra. En marzo pasado, ya revocó una decisión del Departamento de Interior, que había prohibido una manifestación en favor del reagrupamiento de los presos vascos. Las circunstancias son, hoy, bien distintas, lo que hace imposibles las comparaciones.

En este caso, hay razones de orden público que se contraponen a derechos fundamentales que reconoce la Constitución. El TSJPV tendrá que sopesar ambos y analizar hacia qué lado se inclina la balanza. Todos debemos respetar su decisión.