El acceso a la concejalía de Valladolid de Ángela Bachiller, la joven administrativa de 30 años con síndrome de Down, ha reabierto el debate sobre los límites de las personas discapacitadas. Es la primera persona con este síndrome que accede a un cargo público en España y aunque no tendrá responsabilidad ejecutiva sobre una área concreta, su partido, el PP, ya ha anunciado que le representará en el Consejo Mundial de la Discapacidad.

El gerente de Down España, Agustín Matia, fue el primero en señalar que se trata de "una noticia muy positiva, que acerca la política a los parámetros de inclusión e igualdad", pero todavía "hay muchas fronteras y mitos que derribar, en sus logros personales, en la percepción de su calidad de vida, en el reconocimiento de sus derechos al ocio, a la sexualidad, al trabajo, a la vida independiente...". Y señala que "es paradójico que el reconocimiento de Ángela suceda cuando hay jóvenes de la misma edad y mismas condiciones que no tienen derecho al voto". Se calcula que en España hay unas 80.000 personas a las que el juez ha incapacitado jurídicamente y les ha quitado el derecho al sufragio.

Esta misma semana el PP e IU se han apresurado a proponer una reforma de la ley Electoral para que no se anule el derecho al voto de las personas con discapacidad.

Ignacio Calderón, profesor de Didáctica de la Universidad de Málaga, afirma que "la política no es una profesión, sino que forma parte de nuestra naturaleza social. Necesitamos gestionar el bien común, y en democracia eso significa que todas las personas han de poder participar. Mujeres y hombres, ricos y pobres, personas con y sin discapacidad... Es una cuestión de justicia, entre otras cosas porque los colectivos que no están representados en las instituciones son sistemáticamente obviados en las políticas que se adoptan". En su opinión, es ilustrativo que las políticas de ayuda a la dependencia estén heridas de muerte o que el apoyo al alumnado con necesidades educativas específicas haya sido drásticamente recortado. "Si las personas con discapacidad estuvieran suficientemente representadas, esto no habría ocurrido", añade. "No deberíamos preguntarnos si pueden gobernar, sino si estamos dispuestosa que participen en la toma de decisiones y defiendan sus intereses".

[...]