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Una de las paradojas más desafiantes de nuestro tiempo es la contradicción observable entre el bienintencionado discurso sobre los derechos humanos que producen las instituciones internacionales y los Estados nacionales, y la desdichada realidad de las libertades ciudadanas que prevalece en muchos países. Nunca antes han coexistido tantas normas, instituciones y autoridades encargadas de proteger la dignidad humana a lo largo y ancho del planeta. Y sin embargo, nunca antes como durante el medio siglo que se extiende desde la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 hasta estas postrimerías del siglo y del milenio se han registrado tantas y tan atroces violaciones de las garantías fundamentales por parte de agentes estatales, guerrilleros o delincuentes organizados.

Este dramático contraste entre la teoría y la práctica, entre el derecho y la vida cotidiana, no puede superarse tan sólo mediante la gestión de los aparatos estatales y los organismos internacionales. Se requiere además la participación de las ciudadanías y de sus movimientos sociales y partidos políticos, tanto en los espacios nacionales como en el escenario mundial, a fin de realizar las promesas contenidas en las declaraciones y convenciones internacionales y regionales en materia de derechos humanos. Para ello, es menester que la problemática humanitaria deje de ser preocupación exclusiva de cancillerías y organizaciones no gubernamentales (ONG) y se convierta en reivindicación pública de la sociedad civil en su más amplia acepción.