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Derecho al que se refiere: presunción
de inocencia y juicio justo.
Referente normativo: Declaración
Universal de los Derechos Humanos, artículos 8, 9,10 y 11.
Sujetos: 12-16 años.
Objetivos
Cognitivo:
Conocer los argumentos a favor y en contra de la pena de muerte.
Actitudinal: Valorar la posibilidad
que tenemos las personas de cambiar nuestro comportamiento.
Procedimental: Analizar críticamente
el papel de los protagonistas de una historia.
Descripción de la actividad
Recursos:
cinta de vídeo de la película Pena de muerte (Tim Robbins,
1995), reproductor de vídeo, aparato de televisión, papel
y lápices.
Duración: 3 horas.
Agrupamiento: grupos pequeños,
gran grupo e individual.
Desarrollo
El profesor dividirá la clase en grupos
de 3 a 5 alumnos encargándoles que debatan entre ellos durante 30
minutos sus argumentos a favor y en contra de la pena capital. Posteriormente
se proyectará para el gran grupo la película Pena de muerte.
El profesor organizará un debate que surgirá a partir de
preguntas sobre la película (influencia mutua entre los protagonistas,
sentimientos que se desarrollan, reacciones que han sugerido en los espectadores,
etc.). Al final hay que preguntar: "¿Qué sentido tiene la
pena de muerte?", "¿La posibilidad de que las personas cambien es
una prueba en contra de esta pena?". El profesor pedirá a cada alumno
que escriba una pequeña redacción indicando cuál era
su postura acerca de la pena de muerte antes de analizar la película
y si ha encontrado argumentos que le hagan revisar su posición.
Estos textos servirán al profesor para trabajar en gran grupo los
argumentos a favor y en contra de la pena de muerte.
El profesor finalizará la actividad
mostrando cómo progresivamente muchos Estados han ido rechazando
de sus sistemas jurídicos la pena de muerte por considerarla contraria
a la noción de derechos humanos y de dignidad que tiene todo hombre
independientemente de sus actos.
Variantes sobre la actividad: puede
completarse la actividad investigando qué Estados mantienen todavía
la pena de muerte y enviando a los gobiernos cartas en las que se solicite
su anulación. |
