Estos cuatro mossos d'esquadra fueron indultados por segunda vez en el último Consejo de Ministros después de haberles concedido en febrero pasado un primer indulto parcial por el que se les conmutaban las distintas penas de prisión por una única de dos años de cárcel para cada uno de ellos.

Tras ese primer indulto, la Audiencia Provincial de Barcelona se negó sin embargo a concederles la suspensión de la pena de dos años de cárcel y por tanto debían entrar en prisión, por lo que los cuatro condenados por torturas a un ciudadano rumano solicitaron al Gobierno un nuevo indulto para eludir la cárcel, que el pasado viernes les fue concedido conmutando la pena de prisión por dos años de multa.

Para estos doscientos jueces, entre los que destacan la vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles y el magistrado del Tribunal Supremo Joaquín Giménez García, "conceder un indulto en estas circunstancias supone realizar un uso grosero y desviado de la institución".

"Al instrumentalizar el indulto para la consecución de fines ajenos a los que lo justifican, el Gobierno dinamita la división de Poderes y usurpa el papel del Poder Judicial, trasladando a la judicatura un mensaje inequívoco de desprecio al situarla en una posición subordinada en el orden constitucional", critican.

En el manifiesto, titulado "El indulto como fraude. En defensa de la independencia judicial y de la dignidad", estos jueces defienden que la Audiencia de Barcelona, "en estricta aplicación de lo previsto en el Código Penal", acordara el cumplimiento de la pena que quedaba tras el primer indulto.

Por ello creen que se trata de "un ejercicio abusivo por el Poder Ejecutivo de la facultad de indulto alejada de las funciones de esta institución, que supone una afrenta al Poder Judicial", destaca el documento.

A su juicio, la actuación del Gobierno en este caso supone "un menosprecio" a los miles de agentes de policía que en todo el Estado "cumplen a diario con sus funciones democráticas", de "defender y promover los derechos fundamentales de la ciudadanía", por lo que este indulto "parece incentivar comportamientos que deben ser expulsados de cualquier cuerpo policial".

Además, "supone una actuación contra la dignidad humana al incumplir la obligación que incumbe al Estado de perseguir cualquier acto de tortura, sobre todo cuando es realizado por agentes a su servicio".

Recuerdan por ello que el indulto "implica afirmar la falta de necesidad de la ejecución de la pena y sólo se justifica cuando su cumplimiento "no desempeñe finalidad preventiva, resocializadora o retributiva alguna, o cuando resulte desproporcionada".

Por tanto, creen que no existe "motivo razonable alguno para un doble indulto como el que el Gobierno ha concedido", ya que "los hechos declarados probados son muy graves y contrarios a la dignidad humana".

Este caso de torturas ocurrió en julio de 2006, cuando cinco mossos d'esquadra detuvieron por error a un ciudadano rumano en Barcelona, le golpearon por todo el cuerpo, le amenazaron y le llegaron a meter una pistola en la boca para hacerle confesar.

La Audiencia de Barcelona condenó en 2008 a tres de los agentes a seis años y siete meses de prisión a tres de los agentes, a otro a dos años y tres meses, y al quinto a seis meses de cárcel.

El Supremo rebajó en 2009 en un año y diez meses la condena a los tres principales acusados y posteriormente el Gobierno concedió a cuatro mossos un indulto parcial que redujo la pena a dos años de cárcel, lo que abría la puerta a que se libraran de entrar en prisión.

Sin embargo, la Audiencia de Barcelona se negó a suspenderles la pena de prisión y pidieron el segundo indulto, que les fue otorgado la semana pasada.