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Igualdad y discriminación positiva. Dos conceptos que en ocasiones se presentan antagónicos, explica Enoch Albertí, catedrático de Derecho Constitucional de la Univerdad de Barcelona. "La igualdad pura y dura es tratar diferente a los que no son iguales. La discriminación positiva es que, en igualdad de condiciones, se favorece a un colectivo determinado porque se considera que está en desventaja respecto a la media de la ciudadanía", dice Albertí. Parece lo mismo, pero no lo es, porque la discriminación positiva puede acabar vulnerando el principio de igualdad ante la ley que consagra la Constitución, explica el jurista.

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Albertí insiste en que antes de aplicar una medida de discriminación positiva se debería explicar claramente cuál es la situación de desigualdad que la justifica y aclarar que esas ayudas tienen una duración temporal y se aplicarán hasta que se corrija la desventaja en la que se encuentra el colectivo afectado.

Es lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, cuna de la discriminación positiva desde la Ley de Derechos Civiles de la década de 1960. Cualquier medida en este sentido que se aplica en aquel país va acompañada de estudios y cifras que la justifican, del número de personas a las que afecta, y de su duración en el tiempo. Y, pese a ello, esas políticas han sido siempre cuestionadas y actualmente están perdiendo mucha fuerza, pues la igualdad social es cada día más evidente.

"En España nos hemos apuntado muy tarde a esas políticas de igualdad y sin que se haya producido un debate político en profundidad. Se ha hecho una Ley de Igualdad y a partir de ahí se están aplicando diversas medidas", explica Albertí.

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Victòria Camps, catedrática de Ética de la Universidad Autónoma de Barcelona (...) defiende sin ambages la discriminación positiva. "Es necesaria porque todavía hay pocas mujeres en los lugares donde se debería visualizar la igualdad de sexos". Con todo, precisa que "debemos ir hacia un modelo en que se consideren los méritos de la persona, no el sexo".

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Justo Sáenz es presidente de la Confederación Estatal de Madres y Padres Separados, lleva más de 30 años colaborando con organizaciones políticas y movimientos sociales a favor de la igualdad y desde 2003 concentra su actividad como profesor de primaria en programas de ese tipo en el País Vasco. (...) Pineda también considera que los incentivos económicos han de ser siempre un traje a medida en cada caso. "Una misma norma no puede servir para todo y que la discriminación no tenga límites". El tema de fondo, dice Pineda, es qué entendemos por discriminación positiva, cómo y a qué grupos se aplica. "En muchas ocasiones son sólo soflamas igualitarias, pura propaganda que no va a ningún sitio y que acaba perjudicando a las propias mujeres, pues una parte de la sociedad no las entiende". Eso ocurre, según Pineda, con algunos aspectos de la Ley de Igualdad de 2007 que, entre otras modificaciones, introdujo las cuotas femeninas en las listas electorales. Otras pretensiones del debate de entonces, como la de reservar puestos para mujeres en los consejos de administración de las empresas, quedaron aplazadas.

Justo Sáenz considera que a principios de la Transición tenían sentido las políticas de discriminación positiva, porque las secuelas que había dejado el franquismo en las mujeres las situaban en una situación de evidente desigualdad. "Ahora habría que ser más cauteloso con esas medidas. Las mujeres ya superan a los hombres en muchos ámbitos profesionales y no necesitan que el Estado les haga de tutor como si fueran menores de edad. No estamos hablando de la España rural", dice Sáenz.

Paloma Uría, profesora de Lengua y Literatura ya jubilada, fue una de esas mujeres que lideraron el movimiento feminista tras la muerte de Franco. Ahora acaba de escribir un libro con lo que fueron aquellos años, "porque es bueno que se sepa de dónde venimos". Se declara partidaria de las medidas de discriminación positiva, pero admite que "es un tema bastante resbaladizo" y que "esas medidas han de ser muy consensuadas porque si no pueden generar el efecto contrario del que se pretende conseguir".

Uría recuerda que millones de mujeres quedan siempre al margen de esas políticas de discriminación positiva y que es a ellas a las que habría que ayudar. Por ejemplo, a las que tienen hijos y que piden una excedencia para cuidar de ellos o se recluyen en casa mientras su pareja se sigue promocionando profesionalmente. "Cuando ella vuelve al mercado laboral lo hace en situación de desventaja. Ahora parece que lo más feminista es pedir que aumenten los permisos de maternidad, cuando lo que hay que hacer es socializar el cuidado de los hijos y obligar a los hombres a que se impliquen en su crianza", afirma Uría. "Las feministas de entonces no pedíamos más permisos a cuenta del Estado, sino mejores servicios en todos los ámbitos, empezando por las guarderías".

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Marian Caro, otra feminista con muchos años de militancia a la espalda y que colabora con la ONG Acción en Red precisa que "con el dinero público hay que ser muy escrupuloso. Igual que no se pueden aplicar políticas de discriminación positiva con inmigrantes sólo por el hecho de serlo, sino que se requiere que estén en riesgo de exclusión social u otras razones, no se pueden otorgar ayudas a mujeres sólo por su condición femenina". Caro coincide en que esas medidas sólo están justificadas cuando existe un problema evidente que debe abordarse.