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Porque estos huesos reubicados en Poyales no eran los esqueletos desechados y olvidados que los empleados de los cementerios suelen desenterrar para dejar espacio para otros nuevos, sino representantes paradigmáticos de algunos de los cadáveres contemporáneos más vulnerables y políticamente controvertidos de España: los de aquellos civiles ejecutados en la retaguardia del ejército de Franco en su avance durante la guerra y en los primeros años de la dictadura que le siguió. Los cadáveres de estas víctimas habían permanecido en gran parte abandonados en fosas comunes por todo el país durante décadas, sometidos a sucesivos regímenes de silencio, indiferencia y olvido.

Esa situación cambió drásticamente hace una década. A partir de 2000, uno de los secretos más conspicuos de la democracia española quedó por fin expuesto a la vista del público: empezaron a aparecer y proliferar en los principales medios de comunicación, y después en Internet y las redes sociales, impactantes imágenes de esqueletos marcados por torturas perimortem y ejecuciones sumarias, exhumados en excavaciones arqueológicas por todo el país. Detrás de esta exposición descarnada del pasado traumático se encontraba la generación de los nietos de los vencidos en la Guerra Civil. Esta generación fue clave en el impulso de un movimiento asociativo heterogéneo y a veces fragmentado que ha colocado en el centro de su activismo político y moral la recuperación y la dignificación de la memoria de los vencidos en la Guerra Civil, lo que incluye, para algunas de ellas en un lugar muy destacado, la exhumación de las fosas comunes en todo el país. El hecho de que a partir del año 2000 un creciente archipiélago de colectivos memoriales en España empezara a volver la vista atrás con inquietud y asombro hacia la suerte que corrieron las diversas categorías de víctimas y verdugos de la Guerra Civil más de sesenta años después de los hechos, plantea dudas sustanciales sobre la gestión social del conflicto a largo plazo y los silencios y eufemismos en la memoria colectiva del país. Al mismo tiempo, socava la idea generalizada de que la prestigiosa transición a la democracia de finales de los años setenta y principios de los ochenta en España fue un éxito político, institucional y judicial que se puede imitar y repetir en otros contextos de tránsito de regímenes dictatoriales a democracias

Muy al contrario, creo que el caso español muestra que las sociedades necesitan confrontar los aspectos más inquietantes de su pasado y que las estrategias políticas que privilegian barrer episodios oscuros de la historia "bajo la alfombra", pese a que pueden resultar efectivas durante determinados periodos de tiempo, resultan más desestabilizadoras a la larga.

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El caso español coincide, a su vez, con otras iniciativas institucionales y movimientos sociales de todo el mundo –tanto de carácter local como transnacional– que se están conformando en torno a las exhumaciones de fosas comunes ligadas a la maquinaria del terror de regímenes dictatoriales o totalitarios (u otros tipos de violaciones de los derechos humanos) y cuyo objetivo es crear una herramienta de verdad, justicia y reparación cada vez más prestigiosa. La apertura de fosas comunes relacionadas con violencias del pasado y del presente pone en marcha alambicados procesos políticos, judiciales, científicos, simbólicos y conmemorativos que están siendo cada vez más investigados por antropólogos de todo el mundo y, más en concreto, en España.

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En este sentido, tiene un gran valor la formulación de Katherine Verdery sobre la "vida política de los cadáveres" . Verdery, interesada en sacar a la luz las distintas modalidades de "necrofilia postsocialista" en Europa del Este y la antigua Unión Soviética (expresada por ejemplo, en el cambio de significado político y conmemorativo de muertos ilustres, momias, partes del cuerpo, estatuas, etc.), ha sugerido que el estudio de estos "cadáveres en movimiento" requiere que" [se preste] atención al simbolismo político; a los rituales y creencias sobre la muerte como, por ejemplo, las ideas sobre lo que constituye un "enterramiento apropiado"; a las conexiones entre los cadáveres particulares que se manipulan y los contextos nacionales e internacionales más amplios de la manipulación, y a la reevaluación, o reescritura, del pasado y la a creación o recuperación de la "memoria".

En el caso español, los vidas y biografías políticas de esqueletos que están siendo exhumados, como cuerpo colectivo, han reclamado progresivamente más visibilidad y protagonismo dentro de la categoría más amplia de víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista, en la que también se incluyen viudas y huérfanos, personas sometidas a abusos sexuales o torturas, presos, trabajadores forzados, refugiados, exiliados, purgados y niños robados, entre otros.

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Uno de los aspectos más polémicos de los debates que se han producido en España con respecto a la Guerra Civil ha sido la magnitud y las características de la violencia contra civiles en la retaguardia de ambos bandos. Con los años, las controversias sobre la naturaleza y el alcance de la represión se han convertido en termómetro de la perversidad y la calidad amoral del enemigo. En cuanto al número de muertes violentas tras las líneas del frente, la historiografía contemporánea lo sitúa en 55.000 personas en la retaguardia republicana y hasta 150.000 en la retaguardia del ejército rebelde o "nacional" –incluidas unas 20.000 ejecuciones en la posguerra, aparte de quienes murieron en cárceles y campos de concentración durante y después del conflicto– o la violencia prácticamente no denunciada contra mujeres y niños.

Como sostienen algunos historiadores, el hecho de que ambos bandos cometieran crímenes muy graves, dejando de lado las diferencias de escala mencionadas, no implica que fueran moralmente simétricos. En su libro Hasta la raíz, Rodrigo ofrece cinco razones por las que, desde un punto de vista historiográfico, hay diferencias fundamentales entre las acciones represivas llevadas a cabo detrás de las líneas del frente por el ejército rebelde y los grupos paramilitares asociados y los republicanos (2008). En primer lugar, como se ha indicado, existe una diferencia estrictamente cuantitativa, relacionada con las cifras totales. Por otra parte, la violencia cometida por el bando franquista respondía a una inversión en terror bien diseñada y basada en una pedagogía de la sangre y era proporcionalmente mayor en comparación con el territorio controlado por el bando republicano. La represión ejercida por las tropas rebeldes y los paramilitares contra los civiles también fue más intensa en las áreas que cambiaron de bando durante los primeros meses de la guerra. Otra diferencia estriba en el momento en el que la etapa inicial de terror en caliente indiscriminado sin garantías legales dio paso a una etapa de terror legal, no menos sangrienta, cuando en el bando rebelde se llevaron a cabo numerosas ejecuciones tras la celebración de juicios militares de dudosa ecuanimidad. Finalmente, conforme avanzaba la guerra, fue aumentando notablemente la retaguardia nacional mientras se reducía la republicana, lo que incrementaba las oportunidades de cometer crímenes y abusos en la primera mientras se reducía en la segunda.

En este contexto de elevado número de ejecuciones de civiles, para entender lo que está pasando en España desde el año 2000 es crucial resaltar que las exhumaciones contemporáneas no son excepcionales, sino que tan solo representan el último episodio en los sucesivos regímenes de exhumación y reinhumación de restos de la Guerra Civil que corresponden a distintas etapas necropolíticas.

Las exhumaciones de la posguerra comenzaron enseguida, en el marco del proceso de reconstrucción del país y de organización del nuevo estado dictatorial bajo el gobierno de Franco, con una narrativa oficial dominante nacionalcatólica de victoria militar anclada en cruzadas religiosas, heroísmo y martirio. Posteriormente, a partir de finales de la década de 1950, más de 30.000 cadáveres de la Guerra Civil fueron exhumados y trasladados al Valle de los Caídos, que sigue siendo hoy día el principal bastión monumental del franquismo. Por su parte, de las fosas comunes con cadáveres de militantes o simpatizantes republicanos fueron abiertas de forma clandestina por familiares durante la dictadura y, muy especialmente, después de la muerte de Franco se llevaron a cabo un número todavía indeterminado pero muy relevante de exhumaciones sin apenas apoyo institucional o técnico.

Sin embargo, hay un reconocimiento social de que un nuevo ciclo comenzó cuando el sociólogo y periodista Emilio Silva organizó la exhumación de una fosa común republicana en Priaranza del Bierzo, León, en la que se encontraban enterradas trece personas, entre ellas su abuelo. Esta exhumación fue la primera del ciclo más reciente que se llevó a cabo con la participación de expertos técnicos. Desde entonces, esta exposición pública de los cuerpos ejecutados en excavaciones de fosas por todo el país ha demostrado tener implicaciones sociales, simbólicas, judiciales y políticas más amplias y de mayor alcance de lo que se podría haber imaginado en un primer momento .

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